Todo para el pueblo y ¿con el pueblo?

La última encuesta CASEN nos demuestra que las políticas desarrolladas en los últimos 17 años por la Concertación, especialmente las impulsadas por los gobiernos progresistas, han avanzado bastante en la lucha por la superación de la pobreza y la disminución de la aberrante desigualdad en nuestro país. Sin embargo, más allá de éste y otros logros, en el último tiempo hemos podido apreciar varias decisiones que al menos hacen dudar un segundo de su calidad de progresistas, o aun de democráticas. Algunas han sido muy bulladas, otras son más bien simbólicas y silenciosas.
Lamentablemente, dentro de la izquierda gobernante chilena solemos quedarnos sólo con los logros, y en la premura de enfrentar la contingencia política diaria no discutimos mucho las falencias de nuestra acción. Como un humilde intento de contribuir a ese debate que falta, a continuación se expondrán tres ejemplos de decisiones tomadas o impulsadas por nuestro sector, a modo de llamado a detenerse para revisar nuestro rumbo y no terminar mañana siendo juzgados por la historia por no haber contribuido lo suficiente a la construcción de una verdadera democracia.

Transantiago y “despotismo tecnocrático”
Más allá de la valoración que pueda hacerse de las intenciones de los medios de comunicación al hacer del Transantiago un escándalo, lo cierto es que los graves errores cometidos en la implementación de esta reforma repercuten día a día en la vida de los santiaguinos. De los tres casos que aquí se abordan, sin duda es el más cotidiano, el más palpable por todos, y en cierto modo el más objetivo: no se requiere ser socialista, progresista ni siquiera un demócrata para encontrar errores y fallas que saltan a la vista. Basta ser una persona ‘de a pie’, una mujer u hombre común y corriente.
Precisamente es a las personas comunes, a las más pobres y a las que menos oportunidades tienen, a quienes más afectan los problemas de la locomoción colectiva generados por Transantiago. Cuando se supone que nuestra tradición y vocación se arraiga y justifica en trabajar más que nadie para ellas y ellos, son ellas y ellos los más afectados por nuestras propias decisiones.
Al parecer, en parte la Concertación se ha convertido en un moderno despotismo, en que el principio rector es, como en el siglo XVIII, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Quisimos cambiar el transporte público de Santiago, porque el pueblo lo necesitaba; pero nunca le preguntamos qué necesitaba ese pueblo, qué estaba mal en el proyecto, qué debía o no tener Transantiago. La principal diferencia entre los absolutistas y los concertacionistas, lamentablemente, parecer ser sólo que en lugar de nobles ilustrados tenemos tecnócratas doctorados en el extranjero.
Peor aun, algunas opiniones buscaron desde un inicio defender desesperadamente lo indefendible —a veces simplemente torpes, como que la reforma del transporte era un beneficio a la salud porque nos incentivaba a caminar—; luego de no escuchar al elaborar el proyecto, pecábamos de soberbios y sólo respondíamos las críticas, no recogiéndolas, no reconociendo nuestro error —al menos públicamente—, sino que sosteniendo que lo que el buen padre gobierno había decidido no podía estar errado. Como en el medioevo, the king can do no wrong.
¿Se condice con nuestra convicción en la democracia el tomar medidas sin preguntar a la gente, como si fuéramos ungidos por una voluntad que no es sino la del pueblo? Finalmente, parece que al huir los que pudieron del metro y los buses, en lugar de beneficiar a los usuarios del sistema público, sólo favorecimos el mercado de vehículos motorizados, a costa de los pulmones, nuevamente, de los más pobres…

Ojo por ojo: la ley de responsabilidad penal adolescente y el Talión del Bicentenario
Más difícil de percibir es lo que está detrás de lo dicho por algunos parlamentarios y medios de comunicación en el debate sobre la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. En rigor, no es más que el discurso adoptado por la derecha chilena frente al tema de la criminalidad, y siendo más justos aún, el reproducido por las derechas de todo occidente.
No resulta sorprendente que parlamentarios de la Alianza sean paladines de la “defensa de la ciudadanía” frente a los “enemigos” de la sociedad civilizada que son los delincuentes. Lo que sí debe sorprendernos es que en medio de esta discusión congresistas concertacionistas se unan a la derecha para plantear soluciones que, nuevamente, hacen dudar sobre su calidad de progresistas. Frente a la indicación presentada por el presidente de la UDI, Hernán Larraín —que en la práctica obliga a que todos los jóvenes condenados por delitos graves cumplan la integridad de sus condenas en cárceles, o siúticamente, en “régimen cerrado”, sin consideración a los factores que llavaron a ese menor a delinquir—, la bancada radical de diputados decidió apoyar a la Alianza. Sorprendente, y vergonzoso .
Lo planteado por la derecha en este caso no es nada nuevo: corresponde a una doctrina jurídica conocida como “Derecho Penal del enemigo”, que en política tiene como natural correlación la doctrina de la “tolerancia cero”. En gruesos términos, el criminal no es un ciudadano, es un enemigo de la polis: por ello, debe ser anulado, no teniendo desde el momento de convertirse en “extranjero” todas las garantías procesales, derechos constitucionales u oportunidad de reinserción.
No parece esto ser muy acorde con el progresismo. En verdad, no parece razonable que los mismos defensores históricos de la responsabilidad social por los accidentes del trabajador, por ejemplo, hagan oídos sordos a la responsabilidad social por el círculo vicioso de la delincuencia. Mientras en Europa el mundo progresista hace mucho defiende los programas de prevención de los factores productores de la delincuencia e investiga métodos eficientes y humanos de reinserción de los delincuentes, en Chile, por negocios políticos mezquinos, se decide optar por la vía fácil, inútil y autoritaria.
Hay que notar que esta lógica en que suelen solucionarse las cosas con la expansión del Derecho Penal, es decir, con el sector sancionador más gravoso para la dignidad humana que contempla el Derecho, está presente en otras iniciativas: así, la criminalización del movimiento reivindicatorio mapuche, del movimiento estudiantil (con un uso tan desproporcionado de la fuerza pública que llegó a escandalizar a nuestros conservadores medios) o el recurso exagerado a sanciones penales en nuevos proyectos de ley.

Este es el lugar de la ciudadanía, pero sin la ciudadanía
El último hecho a tratar es sin duda el más simbólico. No trae, en verdad, muchas consecuencias prácticas, pero es una señal que se da al país de una visión de la relación entre el poder y los ciudadanos.
Dentro de los proyectos de obras públicas desarrollados con miras a nuestro próximo bicentenario se encuentra la “Plaza de la Ciudadanía”, frente al Palacio de La Moneda. Es un proyecto aun inconcluso, muy ambicioso, que pretende llegar a ser el más grande lugar abierto de reunión del centro de Santiago, justo al lado de la sede del Presidente de la República. Se enmarca dentro de un proceso de señales simbólicas de consolidación de la democracia: así, la apertura de La Moneda al público, para empoderar a la ciudadanía del principal edificio del Estado; y la reapertura de la puerta de Morandé 80, en el 30º aniversario del golpe de Estado de 1973.
Sin embargo, la Plaza de la Ciudadanía es inaccesible al público. Es un lindo espacio de césped, concreto y pilas de agua, que por un lado es celosamente vigilado por numerosos carabineros y, por el otro, es inaccesible por una continua y cuidada línea de vallas papales, pegada a la vereda.

---
Estas son sólo tres ejemplos. No debemos desconocer los logros de la Concertación, pero sí debemos reflexionar sobre nuestras propias carencias a la hora de crear un país más inclusivo, pero realmente inclusivo, en que las decisiones sean tomadas por la ciudadanía entera, y no sólo por los iluminados del gobierno de turno.

Imagen: bajo licencia Creative Commons, desde metronick.blogspirit.com

POLÍTICAS CULTURALES: de la discusión vacía al debate necesario

Por Cyntia Maciel Canales

I

El mundo de las “Artes y Letras” se ha visto remecido por un sismo grado 10 en la escala FONDART. Y es que desde el discurso presidencial del 21 de Mayo a la fecha, las páginas editoriales del Diario El Mercurio, junto con sus blogs asociados (entre otros), han comenzado una candente discusión, cuyo clímax se produjo con la entrevista dada por la Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes[i] (a quien solemos llamar ministra) a la periodista Raquel Correa, y que culminó con el siguiente titular: “Paulina Urrutia: ‘Yo soy las persona que más sabe de política cultural en este país’ ”[ii].

El debate posterior a estos dichos tiene características bien especiales. Quise pensar que esta sería la génesis de un replanteamiento en el modo de entender las políticas culturales, su diseño, la metodología de implementación, la forma en que son evaluadas, el impacto que debemos asignarles, en fin…Qué mejor oportunidad para construir una crítica inteligente e informada que fuera capaz de develar las condiciones, o bien las carencias del estado actual de la cultura en nuestro país. Sin embargo, eso no fue así. El fabuloso debate que pudo haberse generado ha quedado reducido a las quejas de los perjudicados por fondos no asignados, a la insatisfacción de algunos por la política de circo- como llaman a la actual política cultural que desarrolla el CNCA- y a una supuesta soberbia por parte la ministra al señalar que ella posee un dominio acabado sobre políticas culturales. En este punto llama la atención que aún nadie se ha molestado en señalar cuáles serían las cualidades que un “especialista en políticas culturales” debiera tener, muy por el contrario se ha preferido juzgar que la ministra no sabe tanto como dice, que tampoco es buena actriz, y que su aporte a la creación del CNCA, junto con su trabajo en el sindicato de actores, no constituyen antecedentes demasiado relevantes para arrogarse semejantes características.

En este contexto es bastante difícil avanzar en políticas públicas culturales. Esta columna se intentará diagnosticar algunos de los principales déficit del análisis político sobre el tema, y ofrecer algunos lineamientos para contribuir al mejoramiento del tratamiento institucional que recibe la cultura en nuestro país –y de paso, evitar en algo las superficiales discusiones que atiborran por estos días los blogs ya mencionados.

II

Qué debemos entender entonces por “política cultural”. En esta medida y de acuerdo a la UNESCO, la política cultural debe definirse como “el conjunto de principios, prácticas y presupuestos que sirven de base para la intervención de los poderes públicos en la actividad cultural radicada en su jurisdicción territorial con el objeto de satisfacer las necesidades sociales de la población en cualquiera de los sectores culturales”[iii]. De esta definición podemos extraer algunas conclusiones para el ulterior análisis de la contingencia específica que nos ocupa.

La primera dice relación con el rol del Estado en la promoción de la cultura. Nadie duda a estas alturas que el Estado no puede permanecer impasible ante las expresiones e inquietudes culturales que se manifiestan en el seno social –de manera que tal y como lo expresa la definición, aquél debe intervenir el medio cultural en beneficio del mismo. Sin embargo existen maneras radicalmente diferentes de entender la naturaleza de esta forma de intervención estatal. Una postura consiste en entender a la cultura como una condición del bienestar social que debe ser provista por el Estado –un bien público- en caso que las iniciativas privadas o simplemente espontáneas (socialmente hablando) sean ineficientes en la producción y difusión de bienes culturales, de suerte que a aquél le correspondería ofertar cultura hasta alcanzar un óptimo de bienestar social en relación a la demanda cultural. De este análisis surge el modelo asistencialista o del mecenazgo de las políticas culturales. Otra forma de mirar la intervención estatal, sin embargo, consiste en considerar la cultura –en sus más diversas expresiones- o bien su acceso a ella, como un derecho fundamental del individuo, donde la experiencia cultural se mira ya no como una demanda social a ser satisfecha sino como una condicionante del desarrollo económico y social. De manera que al Estado le corresponde no solo “proveer” de bienes culturales a la población, sino que además tiene la obligación de garantizar al ciudadano una interacción participativa permanente con su medio, de la mano de un aprendizaje continuo, que sirva de base a la configuración misma de la identidad del individuo en relación con la sociedad a la cual pertenece. En palabras del connotado profesor de antropología de la Universidad de Chicago, Marshall Shalins, “el ser humano no puede tener necesidades, ni comprender la naturaleza, ni tener intereses puros o ninguna fuerza material si no se ha construido culturalmente”[iv]. De este punto de vista surge el modelo democrático de las políticas culturales.

Un segundo aspecto de la definición se relaciona con la “satisfacción de necesidades sociales de la población en cualquiera de los sectores culturales”. Cabe resaltar un aspecto que será de suma relevancia cuando, a continuación, corresponda analizar nuestra propia contingencia nacional. Se trata simplemente que en la implementación de políticas culturales, el Estado no puede prejuzgar el contenido que tendrán las mismas. La cultura en sí misma no es un ideal, sino una realidad que se verifica día a día en todas partes y de infinitas maneras, de suerte que si al Estado le corresponde garantizar y potenciar la relación entre el individuo y su medio cultural, aquello es independiente de cuáles sean efectivamente las características de éste último. Como se verá, esto no tiene nada de trivial.

III

Qué sucede en Chile, entonces. Por lo pronto, lo siguiente: nuestras políticas culturales se fundamentan en una lógica mas bien asistencialista –un subsidio a la oferta, dirían los economistas- que resulta, a mi juicio, no tener el peso suficiente para contribuir al desarrollo cultural como elemento inexorable del desarrollo social y económico, a través de un sistema que, además, se focaliza prejuiciosamente en determinadas expresiones artísticas que no cubren necesariamente todos los “sectores culturales” a los que se refiere nuestra definición de la UNESCO. Pasemos a revisar estas afirmaciones.

Dijimos que la cultura está “allá afuera” y no en las convicciones internas de los funcionarios públicos, por lo que una política cultural seria no puede prejuzgar ex ante su contenido. En Chile, no obstante, esto es precisamente lo que sucede: institucionalmente se confunde el concepto de “cultura” con el de “arte”. Se ofrecen sin descanso expresiones artísticas a la población, sin que ello implique un necesario correlato con el desarrollo cultural. Algunas de las políticas culturales actuales asumen, sin el rigor debido, que la sola exposición del público a eventos o a convocatorias de alto nivel artístico produce por sí sola un incremento del desarrollo cultural en la generalidad de la población, así como en la propia identidad y construcción cultural del individuo. Sin embargo, ¿qué garantiza que lo que se está logrando sea algo más que algunos momentos de asombro o un buen rato en familia? ¿Qué diferencia hace para un ciudadano cualquiera ir a ver una obra de teatro, un concierto de música folklórica, o un circo itinerante, si es que no es capaz de construir un “diálogo” con esa obra? La lógica asistencialista de la política cultural ofrece una respuesta simple a estas interrogantes: los bienes culturales tienen demanda y su sola satisfacción produce bienestar. Una lógica democrática de la política cultural, en cambio, se preocupa de la interacción del público con las expresiones culturales a las que el Estado provee acceso. Si el acceso a la cultura es un derecho fundamental crucial para el desarrollo de la autonomía e identidad del individuo, entonces no basta ofrecer un "Bien Cultural" a un determinado público, sino que se debe además potenciar a dicho receptor para su interacción constructiva e identificación simbólica e incluso metafísica con dicho bien. Como Karl Marx ya sostuviera “el objeto de arte, y análogamente cualquier otro producto, crea un público sensible al arte y apto para gozar de la belleza [...] la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto”[v]. Una política cultural racional, entonces, establecería políticas diferenciadas para el encuentro de una diversidad de ciudadanos, con a su vez una pluralidad de manifestaciones artísticas y culturales, ya que cada elemento contribuye de manera diferente al desarrollo integral del ciudadano. En suma, no basta con suplir la oferta.

IV

Como se ve, una política cultural de lógica democrática tampoco deja nada afuera. Aquello que se distancia del arte, entendido en su definición clásica, merece la misma preocupación del Estado, por ser parte integrante de la Cultural Tradicional de un país. El reencuentro con juegos infantiles tradicionales, la investigación de las manifestaciones que componen las fiestas propias de una comunidad determinada, o incluso el rescate de modismos y micro lenguajes son también parte de nuestra identidad a la que todos tenemos derecho a acceder. ¿Basta con “ofrecerlos” al “público”? La respuesta de nuestra institucionalidad cultural parece ser la afirmativa. De ahí que los agentes culturales no parecen estar contestes sobre qué, cómo y cuándo promocionar-y ante la duda, optan, de manera a mi juicio prejuiciosa, por lo exclusivamente artístico y lo recreacional- Pero si optamos por la negativa, nos daremos cuenta que el desafío de la política cultural recién comienza. El desarrollo económico y social no se entiende sin desarrollo cultural. Ni más ni menos.

No cabe sino concluir que Chile necesita urgentemente dar el salto cualitativo a una lógica democrática para la creación de políticas públicas culturales. Lo cual ostenta, sin embargo, una dificultad política adicional. A saber, cómo medir sus resultados de manera fehaciente. Dentro de la lógica asistencialista, esto es muy sencillo de lograr: medimos el número de personas que vio la obra, el número de talleres de cueca que se realizaron en el año, la demanda efectiva de conciertos populares, etc. De suerte que si asisten cien personas cuando se pensó en cien, entonces la iniciativa dio resultado: cuantificar es siempre más sencillo que cualificar. Pero en política cultural las cosas no son tan fáciles. Como se expresa en el documento preparado por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura de España, a propósito de las reuniones de la Red Internacional de Políticas Culturales de 2005, “el resultado de la acción cultural es difícil de medir debido no sólo a las diferencias e insuficiencias de las estadísticas culturales, sino también a la ausencia de un enfoque que permita a los países evaluar la complejidad del carácter transversal de la cultura. La incapacidad de medir los resultados de la acción cultural, por su parte, es un problema importante para la definición de las políticas públicas”[vi].

Esta “medición” no puede sino construirse en base a criterios valorativos y políticos que serán los que alumbren todo el desarrollo e implementación de las políticas culturales. El salto a la lógica democrática sólo puede ser fruto de un debate ciudadano, siendo poco plausible pensar que semejante revolución pueda caer de lleno en las manos de las autoridades de turno. Los mismos que se han dedicado a fustigar a la ministra Urrutia por autoproclamarse la máxima conocedora de política cultural, paradójicamente le exigen lo que ni aún en esa calidad nadie sería capaz de logar.

Todo queda, una vez más, en manos de la ciudadanía.

_________________________________________
[i] En adelante CNCA
ii Entrevista publicada en “El Mercurio”, 17 de junio de 2007.
iii GARCÍA MARTÍNEZ, Ana Teresa, “Política bibliotecaria. Convergencia de la política cultural y la política de la información”, en Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Nº 71, junio de 2003, pp. 25-37. Disponible en formato electrónico, a junio de 2007, en http://eprints.rclis.org/archive/00003157/01/71a1.pdf
iv Citado por MORENO, Gloria, “Cultura, comunicación y desarrollo: una relación difícil de definir”, documento publicado en línea, a junio de 2007, en http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre1/_2003/comunic/modulo4/clase2/doc/Cultura,%20comunicaci%F3n%20y%20desarrollo...(2).pdf p. 2.
[v] MARX, Karl, “Contribución a la crítica de la economía política”, Ed. Estudio, Buenos Aires, 1970.
[vi] 3ª Sesión Octava Reunión Anual de Ministros Red Internacional de Políticas Culturales, Dakar, Senegal, disponible, a junio de 2007, en http://www.incp-ripc.org/meetings/2005/session3-culture_s.shtml

Subcontratistas de CODELCO

Durante esta última semana hemos sido testigos de los bochornosos incidentes acontecidos en dependencias de la división “El Teniente”, en la sexta región. Incidentes producidos en el marco de movilizaciones por parte de trabajadores contratistas de CODELCO. Situación que se replicó en otras divisiones de la empresa estatal.

Estas problemáticas laborales responden a la seria de políticas implementadas por la cuprífera estatal. Claro esta que la radicalización de las movilizaciones no representa el ánimo de la mayoría de los trabajadores, estos incidentes no son más que situaciones particulares.

Estas problemáticas surgen respecto de la política adoptada por la estatal cuprífera, hace ya varios años, de incorporar trabajadores subcontratados. Con esto adquiriendo mano de obra para labores, en gran medida secundarias, es decir labores de transporte, aseo y proyectos a corto plazo.

La incorporación de empresas particulares a labores productivas, han representado ganancias significativas, sumado al excelente precio que ha alcanzado el cobre. Pero el factor humano se ha visto desfavorecido, ya que se produjo una discriminación entre trabajadores de primera clase, los trabajadores de planta de CODELCO cuyos sueldos bordean el millón de pesos para obreros calificados, y de segunda clase, trabajadores contratistas cuya duración en el trabajo dura sólo por el tiempo por el cual dura el contrato de la empresa particular a la que pertenece, además de recibir sueldos considerablemente inferiores a los percibidos por un trabajador de planta.

Junto a esta discriminación social lamentablemente las empresas contratantes, en muchas ocasiones, no le entregan las condiciones mínimas de seguridad y no respetan las condiciones contratadas por CODELCO, y este último no ha realizado las fiscalizaciones correspondientes para poder prever estas lamentables situaciones.

Las demandas de los dirigentes contratistas pasan por la mejora de las condiciones de trabajo, mejorar las remuneraciones y obtener beneficios que tienen los trabajadores contratados por CODELCO, como es educación para los hijos de trabajadores, vivienda y salud.

¿Que rol debe jugar CODELCO como empresa estatal?

En primer lugar la principal labor que debe realizar el gobierno, frente al trabajo realizado por CODELCO es el de fiscalización a las empresas particulares, realizar una investigación acuciosa sobre los contratos realizados con estas empresas, ya que existen diferentes tipos de irregularidades en la contratación de algunas empresas, siendo esto tema de investigación. El dialogo entre los diversos actores que convergen en este conflicto, es la única forma de lograr acuerdos. Es imposible hoy por hoy cambiar las disposiciones adoptadas por CODELCO.

Quiero finalizar con una frase del compañero presidente Allende, y no olvidar toda la lucha por hacer del cobre un recurso de todos los chilenos. Durante largos años este recurso no renovable fue hurtado por empresarios extranjeros, que se llevaron gran parte de la mayor riqueza de nuestro querido país.

“Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos y por primera vez en la historia la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de chile y del pueblo nuestro.” Cro. Salvador Allende 21 de diciembre de 1970

Claves en políticas públicas, el caso chileno

No es el más fuerte de la especie el que sobrevive,

ni el más inteligente, sino el más adaptable al cambio.

Charles Darwin

Si bien las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. [Manuel Tamayo, 1997]. Por lo que se pueden entender como un proceso, para el que distintos autores han definido distintos métodos para su desarrollo. Autores como Bardach, Tamayo, entre otros, coinciden en que este proceso cuenta con etapas como la identificación del problema, formulación de alternativas, adopción, implementación y evaluación de la política pública.

Sin embargo, muchas veces se olvida que tan importante como el proceso para generar las políticas públicas, son las características con las que esta debe contar para maximizar el beneficio producido. Para ser considerada una buena política pública, estas deben ser Estables en el tiempo, lo que hace referencia a la continuidad de los procesos. Adaptables con respecto a distintos cambios que afecten el ambiente en el que se desarrollan, capaces de responder a cambios. Coordinadas y coherentes, con los distintos actores y políticas relacionadas con las que va a interactuar la política pública. Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación, como manera de evaluar su evolución. Orientación al interés público, como afectan nuestras políticas públicas al bienestar general. Y por último, Eficientes, capaces de utilizar los recursos escasos logrando alto rendimiento en el cumplimiento de los objetivos.

En el caso chileno, se encuentran distintas políticas públicas en las que claramente algunas de estas características no se cumplen como deberían, llevando a resultados no deseados y que atentan en contra de su propio fin último, el bienestar general. Políticas públicas inestables, como los constantes cambios en Chiledeportes que no le dan continuidad a las medidas necesarias para reformar la institución; poco adaptables, como los planes de nutrición infantil, que una vez que lograron su objetivo, so se supo adaptar, pasando a niveles de obesidad infantil muy elevados. Poco coordinadas y coherentes, como la ley penal juvenil, que enfrenta conflictos con las distintas instituciones partícipes en su implementación; con mala calidad en la implementación y la efectiva aplicación, no hay que entrar en mucho detalle con respecto al Transantiago para definir este problema; mal orientadas al interés publico, como los pobladores de Peñalolén, que querían una mejor situación habitacional, pero en Peñalolén, y la solución ofrecida no les entregaban las mismas condiciones de las que disfrutaban en Peñalolén, no fuera; y políticas públicas poco eficientes en la distribución de los recursos, como ocurriera con los fondos del royalty minero, entregados a distintas instituciones con fines muy alejados del plan original, nuevas tecnologías.

Es la falta de atención en estas características, durante el proceso de elaboración de las políticas públicas, las que nos llevan a situaciones en las que estas últimas no son capaces de cumplir con su fin último. Lo que da espacio a criticas que podrían ser evitadas perfectamente si los generadores de políticas publicas fueran capaces de ver la importancia de estos factores claves, durante el proceso de elaboración de las políticas publicas y no cuando estas ya han sido implementadas.

Francisco Garay Sepúlveda
Ingeniero Comercial
Master en Economía y Políticas Públicas (c)
Universidad Adolfo Ibáñez

Las agresiones sexuales y la desigualdad de género.

Históricamente, se ha permitido situar a los hombres como el dominador jerárquicamente instituido en las diferentes formas de sociedad que hemos conocido. Uno de los ámbitos en que esto se ha demostrado es la sexualidad, donde en mayor parte de las ocasiones, el rango de lo permitido y de lo prohibido, está evidentemente predestinado por ellos.

En pos de esto, es importante señalar el lado más oscuro de la sexualidad: la violencia inserta en ella, siendo las agresiones su expresión más lamentable. Con agresiones sexuales, me refiero a las vulneraciones que puede sufrir una persona, siendo sometida a actos de connotación sexual, sin prestar su consentimiento. Sin duda este tema aún es tabú, tomando en consideración el carácter patriarcal de nuestra sociedad.

Es decir, la violencia sexual constituye una manifestación, de las más brutales, del sometimiento de la mujer al poder masculino, en el cual el sexo es utilizado para agredir y humillar a los sectores más vulnerables de la población: mujeres, niñas, niños y hombres en situación de desventaja, y que hoy es condenado tanto por la legislación internacional como por normas internas. Si bien cualquier persona- ya sea mujer u hombre- puede ser objeto de violencia sexual, son las mujeres sus principales víctimas. Me parece interesante citar la siguiente frase que señala María Teresita De Barbieri, en el texto Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género: La explicación de dicho sometimiento radica en que por las “diferencias corporales se van determinando los órdenes sociales”.

Lo recién expuesto demuestra que es necesario efectuar un mayor énfasis en enseñarle a la ciudadanía sobre sus derechos. Es algo absolutamente incongruente que a pesar de los altos índices de estos tipos de delitos (según diversos estudios), todavía el nivel de denuncias sea ínfimo; y de esto es posible deducir que la mayoría de las víctimas desconocen sus derechos, no sólo en materia de violencia sexual, sino en general, y que, por lo tanto, no pueden ejecutarlos. Tampoco saben cómo ejercerlos.

Este es un punto que no puedo dejar pasar, ya que es un problema que nos atañe a todos como sociedad. Muchas de las personas agredidas de haber tenido claridad en sus derechos, probablemente no hubiesen sido víctimas de agresiones sexuales, o que, de haberlo sido, habrían actuado de otra manera; por ejemplo, denunciar de inmediato, acudir a un centro médico con prontitud o separarse de su pareja.

Por consiguiente, estimo que, en nuestro país aún falta un tratamiento más ejemplificador y completo sobre este tema. Nuestro ordenamiento considera castigar, por ejemplo, el delito de Violación (artículo 361 del Código Penal), pero no contempla, propiamente tal un tratamiento adecuado para las víctimas, siendo dejada esta tarea para organismos no gubernamentales especialistas en el área; y el proceso judicial destinado a esclarecer los hechos tiende a traumar por partida doble al demandante, ya que se exigen pruebas que la mayoría de las veces tienden a menoscabar aún más la integridad de la víctima, que ya está dañada.

El Estado debería hacerse parte de esto último destinando mayores recursos para adecuados tratamientos para los abusados, ya que su inmersión a la vida cotidiana, después de un lamentable atentado, es dramática por decir lo menos; debido a que las agresiones sexuales atentan contra la integridad física, emocional y estabilidad emocional, familiar y social de la persona agredida. Interfiere y modifica el curso de su vida, con repercusiones a otros niveles. Problemas tales como el embarazo no deseado, embarazo precoz, contagio de enfermedades de transmisión sexual y disminución del rendimiento laboral-ocupacional, entre otros; muestran que las consecuencias de las agresiones sexuales van más allá de lo privado o particular y pasan a ser un problema público.

¡AÑO NUEVO! ¡DESAFÍOS NUEVOS!

Por Iván Franchi Arzola

Existen varios pueblos originarios de nuestra América indígena que ajenos a un orden temporal arbitrario, y atribuyendo claro sustento al comportamiento lógico de la naturaleza, celebraron entre el 20 y 24 de Junio, el comienzo de un nuevo año. En Chile son los Mapuches, Aymaras, Quechuas, Kollas, y Rapa Nui, quienes –según su propia cosmovisión– celebran el camino que el sol emprende de regreso a la Tierra. Marcando la noche más larga del año, la víspera de la fase solar trae de vuelta los ciclos de abundancia. Pareciera que este ciclo se hubiese adelantado, y propagado a todo el territorio nacional. Los anuncios han sido positivos. La reducción del número de chilenos en situación de pobreza e indigencia, la baja considerable en las cifras de desocupación, y el pujante dinamismo económico, que mantiene –e incluso aumenta– las expectativas de crecimiento, constatan una clara realidad. Este escenario, además de indicar que se está en el camino correcto, incentiva a enfocar la mirada hacia nuevos desafíos, y en consecuencia, nuevos objetivos.

En concordancia con la realidad país, los pueblos indígenas también han recibido buenas noticas. No cabe duda que las cifras entregadas por el MIDEPLAN con respecto a la situación de pobreza del país, es una de aquellas. Efectivamente, si bien la incidencia de la pobreza, a fines del 2006, en la población indígena es mayor que en la población no indígena, esta diferencia es la menor desde 1996. Es así que en 1996 un 35,1% de la población indígena se encontraba en situación de pobreza, frente a un 22,7% de la población no indígena; mientras que el año recién pasado estas cifras alcanzaban los 19,0% y 13,3% respectivamente[i]. Es decir, en los últimos 10 años, la población no indígena experimentó una reducción de la pobreza anual promedio de 0,94%, en tanto la población indígena lo hizo a una tasa del 1,61%. Esta clara diferencia es atribuible al éxito de las políticas sectoriales de los gobiernos de la concertación en beneficio de los pueblos originarios. En este sentido es destacable la labor realizada por el estado a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante la promoción, coordinación y ejecución de acciones a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural. No obstante el éxito descrito, existe un orden y procesos sociales nuevos, que imponen nuevos desafíos. Al igual que con otros grupos sociales, es necesario replantear las garantías tradicionales de modo de que alcancen su mayor potencialidad[ii]. Para ello, y según el enfoque de los nuevos derechos de los pueblos, estás garantías deben ser abordadas, ya no tan sólo bajo la intervención estatal, sino que también mediante la sociedad en su conjunto.

Para enfrentar esta situación es necesario considerar tres aspectos. Primero, reconocer a nuestro país como una sociedad multicultural. En este sentido la propia presidenta Michelle Bachelet ha reafirmado la voluntad de lograr el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Al respecto, el gobierno ha iniciado el debate político con la solicitud al Senado de ratificar el Convenio 169 de la OIT, proceso al cual se le ha puesto suma urgencia. Segundo, modificar el espíritu de las políticas públicas para con los pueblos indígenas. Si bien es necesario mantener los procesos de recuperación de los derechos ancestrales, también se deben considerar las nuevas condiciones sociales a las que se enfrentan. De los cerca de 700.000 indígenas de nuestro país un 70% es menor de 39 años, 2/3 del total vive en la urbe, y un 30% de los niños y jóvenes en edad escolar abandona el sistema[iii]. Todo esto debe estar incluido en una nueva planificación social que de cuenta de las brechas sociales existentes, pero que a su vez considere la transversalidad que los pueblos originarios tienen en la sociedad chilena de hoy. Y tercero, estas nuevas orientaciones deben ser dimensionadas e internalizadas por los recursos humanos que dan vida a las políticas públicas. Este es el principal recurso del sector público y su gestión requiere profesionalización, capacitación, transparencia y un alto grado de comunicación interna[iv]. Sólo de este modo será posible asegurar la integración de nuestros pueblos indígenas al Chile del siglo XXI.

En buena hora la situación indígena ha dejado de ser un asunto marginal del centro político concertacionista, dando paso a un resuelto compromiso con el nuevo trato de los pueblos originarios. El Debate Nacional de los Pueblos Indígenas –compromiso del actual gobierno– con la finalidad de orientar las políticas públicas hacia el 2010, deberá considerar los aspectos listados precedentemente, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos independiente de su origen social y étnico.

En esta época cuando los días empiezan a ganar lentamente su batalla contra la oscuridad, regresa la luz y, con ella, la vida en todo su esplendor, no tan sólo se renueva la naturaleza, también lo hacen los hombres. Tal como lo viven y sienten nuestros pueblos indígenas, debemos nutrirnos, cuidarnos y protegernos mutuamente. El gobierno tiene su tarea, el estado como tal la suya, son nuevos desafíos y se necesita del esfuerzo de todos los chilenos.

[i]MIDEPLAN. Serie análisis de la encuesta de caracterización socioeconómica: Nº1 La situación de pobreza en Chile 2006. Santiago, Gobierno de Chile, 2007. 51p.
[ii]HENRIQUEZ, M. Nuevo enfoque de los derechos humanos. En: Escuela Generación Bicentenario. (3º, 2007, Santiago, Chile). Santiago, Fundación Chile 21, 2007. 7p.
[iii] INE. Resumen estadístico: Realidad social de los pueblos indígenas en Chile. Programa Orígenes. Temuco, Gobierno Regional de La Araucanía, 2003. 6p.
[iv] LAHERA, E. Introducción a las políticas públicas. Santiago, Fondo de Cultura Económica de Chile S.A., 2002. 305p.

Píldora del Día Después ¿Capricho de la Presidenta Michelle Bachelet?

Hace aproximadamente 5 años y medio, que cualquier médico puede recetar levonorgestrel a quien lo necesite. Igual cantidad de tiempo llevan las farmacias vendiendo la llamada “píldora del día después” a quien presente la receta y unos 8 mil pesos, que es lo que cuesta. Cinco años y nadie dijo nada. Bastó que el Gobierno decidiera que la gente que no puede pagar también tiene derecho para que se alzara la voz de todos los retrógrados, conservadores, opus dei y otros prohombres de la moral señalando que no es posible, que las niñas pobres que quieren evitar ser madres adolescentes y prolongar para sus hijos el círculo de pobreza, tengan el mismo derecho que “sus” hijas.

La derecha política y económica del país expresó su conmoción enviando al Tribunal Constitucional un requerimiento para que “esa infamia” no pudiera llevarse a cabo.

Fue entonces cuando el Gobierno alzó la voz, porque más allá de la pelea chica que implica ganarle una “votación” a la derecha ante el tribunal, está primero el bien público y eso fue lo que primó cuando la Presidenta, echándose encima seguros problemas con sus propios socios de coalición, decidió firmar el Decreto Supremo que permite la entrega en consultorios y venta de la llamada píldora del día después.

¿Es este un capricho de la señora Presidenta Michelle Bachelet? Si vemos que desde que ella era Ministra de Salud (la primera mujer en esa cartera) su enfoque de género fue bien marcado, la Salud Pública no solo era un problema que se basaba en cifras alentadoras, que como muchos ya sabemos, son reconocidas como unas de las mejores a nivel de América Latina, sino que se preocupaba también de las personas y muy especialmente del genero femenino.

La Ministra Michelle Bachelet fue quien autorizó la venta y comercialización del Levonorgestrel en Chile el año 2000, pero hay que dejar en claro que esto no fue motivado por un capricho liberal de una mujer criada en Europa, sino porque su preocupación se centró en la calidad de vida de miles de mujeres que sin conocer o tener acceso a métodos anticonceptivos, perpetúan el círculo de la pobreza o la indigencia trayendo más niños al mundo, niños a los que no tienen nada que ofrecerles y que pudieron haber sido evitables con más educación y más oportunidades.

La equidad no solo es darles más recursos económicos a las personas que carecen de ellos sino más bien entregarles herramientas para que puedan forjar sus vidas de la manera que ellos sientan que es la mejor.

La Presidenta bien lo sabe y el Decreto Supremo que ella firmó frente a la solicitud de eliminar la opción de obtener la anticoncepción de emergencia para quienes no podían pagarlo, demuestra varias cosas:

El estado a través de su Presidenta (previamente lo hizo la Ministra de Salud, Maria Soledad Barría) puso los intereses sociales por sobre la “tranquilidad política”.

La Presidenta sigue siendo consecuente con el enfoque de género que le ha dado más que a sus gestiones gubernamentales, a su vida.

La derecha política y económica, seguirá oponiéndose a todo lo que represente una posibilidad de avance a los estratos más bajos, lo que signifique igualdad de oportunidades, lo que implique que la mano de obra barata pudiese dejar de costar tan poco.


Alan Espinoza Ortiz
Comisión Política
Comité Central
Secretario Nacional de Salud
Juventud Socialista de Chile

Feminismo: ¿otro “machismo” o constructor de nueva realidad?

Se ha dicho insistentemente en que Chile, dentro de su construcción social, ha dejado de lado a diferentes sectores de la sociedad que se han constituido y que no se sienten “representados” por el establisment actual de dirigentes políticos. Uno de esos sectores sociales es el que se rodea del término genérico de minorías. Estas minorías, que por su carácter actual de constitución de la democracia actual, se ven fuera del marco regulatorio y muchas veces institucional. Una de esas “minorías” son de hecho, las mujeres. Como católico, doy gracias al creador por el hermoso regalo que le brindó a la naturaleza, y por qué no decirlo, a los hombres, que, en su mayoría, apreciamos esa pasión, hermosura y grandeza que las hace mas grandes todavía. Esa es mi visión. Pero esta, puede parecer una visión paternalista, y más claro para otros, machista. Ciertamente no lo es. Son ellas las que nos dan la vida, las que generan cariño, aprecio hacia el otro y amor, el mas sano, el mas incondicional de todos. Ahora, después de esta loanza, intentare dejar en claro mi postura contra una forma de entender al otro. Y me refiero específicamente a los movimientos que se consideran feministas. Mi critica se dirige hacia la concepción del movimiento como tal, a la génesis de este y como se relaciona con el resto de la sociedad, esa visión de ellas mismas a existir como respuesta a la actitud cobarde y cerrada como lo es la “sociedad de hombres libres”. Esa visión, que, parodiando a un profesor de Historia Medieval en la Universidad, se daba a través de lo que el llamaba el espejo o la otredad. En corto, la reacción de la sociedad no respecto de si misma, sino que respecto de su reflejo y como equipararse sin marcar una diferencia coherente y a la vez diferenciadora. O como lo dicen compañeras, y nótese, compañeras, que la dificultad principal de entablar los temas de genero en nuestra sociedad esta dada por la confusión de los términos feminismo y hembrismo. Hembrismo entendiéndose como la semejanza que se debe lograr a su contraparte, entiéndase al machismo. Así, concuerdo con las compañeras antes señaladas por diferentes razones, pero la de mayor peso es que no se puede construir un estilo nuevo de relaciones sociales sin tener por ello que asimilar por completo la que se quiere destruir. Es inconcebible, y además incoherente que el feminismo se de cómo respuesta al machismo instalado en la sociedad actual. Como consejo, y sin desmerecer el esfuerzo que muchas compañeras han puesto en la causa del feminismo, que en si es legítimo como instaurador de una realidad que se ha querido esconder por algunas consideradas mayorías, es la de la diferenciación hacia ellas, entendiéndose como sujetos sociales y no como entes que carecen de aprehensión con la sociedad. Creo que esa seria una forma de entender y entenderse dentro de la sociedad en que vivimos. Sin embargo, las acciones deben ser constantes para acabar de esta forma con cualquier símbolo de irracionalidad.


José Antonio Rojas González. En Santiago de Chile, a 30 de junio de 2007.

ANTES DE UNA POLITICA PUBLICA, ESTAN LAS PERSONAS

Como una concepción clásica del Estado se define como:" una estructura de poder que se crea sobre un territorio determinado, junto a su población" y automáticamente de esta definición se puede determinar los siguientes elementos.

Poder: este debe relacionarse con la soberanía, es decir con la capacidad de los pueblos para autodeterminarse.

Territorio: Es el espacio físico en donde ese ejerce el poder. Debe encontrarse claramente delimitado con respecto a los Estado limítrofes y por último

Población: este corresponde al pueblo o nación sobre el cual actúa el Estado. La nacionalidad puede ser entendida como la comunidad humana que posee elementos culturales que los une, como tradiciones, costumbres, historia y un sentimiento de pertenencia.

El Estado tiene por objetivo la ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades públicas a través de la labor que desarrollan los tres poderes en que se encuentra dividido: ejecutivo, legislativo y judicial.

Luego de dar el significado y el objetivo de la existencia de un Estado, me gustaría analizar más en profundidad el punto de cubrir las necesidades públicas de la ciudadanía, labor que es misión del Estado Chileno, especialmente el poder ejecutivo.

El poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, se compone de distintos organismos y personas, dependiendo del régimen.

El poder ejecutivo para poder cumplir esa función, trabaja en base a proyectos y específicamente a "políticas públicas", éstas involucran la formulación de normas, el financiamiento de acciones y la provisión de bienes y servicios, que se ponen en marcha para contribuir al logro del bien común en la sociedad.

Es ahí la gran importancia de todo un proceso que nace desde la creación de un Estado, hasta la implementación de un plan de análisis y solución a las carencias sociales que existen en Chile, sin embargo hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, las personas, existirá realmente conciencia de la importancia del buen funcionamiento de todos estos procesos y lineamientos políticos, y más específicamente piensan y sienten las personas que se desempeñan diariamente en la administración del Estado, de los funcionario públicos.

Podemos estar todo un siglo tratando de alcanzar las grandes metas y logros para cumplir con un gran proyecto, sin embargo nada de esto es posible si las personas que deben trabajar y poner en marcha aquel proyecto no están concientes de la verdadera importancia y avance para el país y la sociedad.

Ejemplos tan actuales como "Transantiago", reformulación de la educación chilena y tantos otros que se crean y se piensan como parte de un verdadero cambio, invocando a la mejora en la vida de las personas, proyectos, políticas públicas que no llegan a "buen puerto", si no existen los profesionales con claridad en su real objetivo y razón de existir de cada trabajo. Esto sucede en el sector público y en el privado también, en menor reiteración pero sucede, pero que no se realice bien un trabajo, tiene peores consecuencias en lo público que en el privado, ya que afecta a la mayoría de la sociedad chilena.

Calidad profesional, claridad en el trabajo y conciencia social son 3 factores de real importancia para que conceptos como eficiencia y eficacia cumplan con su verdadero rol y no se queden tan sólo en el papel, si todos los trabajadores del servicio público hicieran caso a estos 3 conceptos, se cumpliría con el objetivo.

Pero, ¿Por qué el interés de parte de los trabajadores públicos a veces es tan bajo y no existe real preocupación por realizar de manera rápida, eficaz y eficiente el trabajo? ¿Será un problema a nivel de país, cansancio, agotamiento, explotación, malos salarios?

La verdad es que para mí son todas las anteriores, a veces siento que la gente se olvida de la misma gente, incluso de su propia familia, el trabajo diario absorbe actualmente gran parte del día, y se produce realmente en proporción a las hora de trabajo, para mi, no, sin embargo estas son solo consecuencias de una situación actual, ya que primero debe existir un cambio en la cultura, para aprovechar realmente el tiempo y en honor a la operatividad, y en segundo lugar y lo más importante, no sé si la palabra es superdesarrollo, pero sin duda que mayor racionalización y mejores recompensas darían orgullo por trabajar en la administración pública, pero soy optimista, siento que estamos insertos en un procesos que no esta lejos de llegar a la solución y cumplir con el real objetivos, cumplir las necesidades de las personas y de su país, es por ello que aunque existan grandiosos proyectos, espectaculares políticas públicas escritas en un agenda, debe existir un real compromiso de quienes la implementarán, de quienes realmente serán los gestores de lo que promete cambiar la calidad de vida de los chilenos.

Lucinda Torres
Bibliografia

www.bcn.cl
www.salvador-allende.cl
www.usach.cl

Rol del Estado. Medio Ambiente y Desarrollo Economico. Intervencion Estatal.

Sin duda alguna, el rol del Estado es uno de los pilares centrales en cualquier discusión que aborde lo político. Temas como familia, educación, empleo o pobreza son solo algunos de los ámbitos en los cuales, en el último tiempo hemos podido apreciar la preponderancia o no, que se le puede otorgar al Estado y sus diferentes organismos, por las diferentes fuerzas políticas. Por cierto, que uno de los roles fundamentales, y ampliamente debatido del último siglo, ha sido el rol que el estado debe desarrollar en la economía. Pero cuando se señala medio ambiente y desarrollo económico en una misma oración, al perecer guardamos un poco más de distancia, no en el discurso por cierto, sino más bien en la práctica.

Ciertamente hoy el debate de la relación entre Estado y economía, no se circunscribe a que si el Estado debe o no, llevar a cabo por si la actividad productiva y de servicios del país. Las denominadas thatchermania y reaganmania[1] junto a las crisis del Estado de bienestar, en nuestro país sustentado por la escuela del servicio público[2], impusieron otras formas de comprensión del Estado, las cuales derivaron en el mercado como nueva condición de bienestar. Por tanto el problema se situó en cómo el Estado interviene en la nueva condición de bienestar, esto es el mercado. Esta perspectiva ha sido reafirmada e impulsada por los gobiernos de la Concertación a través, por ejemplo, del programa de Reforma del Estado[3], el cual se traduce en este contexto como sinónimo de ‘reducción de intromisión no deseada en los mercados’, esto es, incremento de la eficiencia burocrática, privatizaciones y reducción de las regulaciones[4], y una expansión solo selectiva de la acción pública.
Bajo este nuevo modelo, se desarrolla una importante faceta del Estado, esta es el mantenimiento del orden publico económico y el estimulo a la activad de los privados, puesto que la prestación de bienes y servicios se encuentran publificadas. El Estado por tanto, interviene ante las fallas de mercado, como por ejemplo en, asimetría de información presente en los consumidores o ante los monopolios como Telefónica en la telefonía fija estableciendo tarifas, con el propósito de asimilar un mercado perfecto, por tanto competitivo, generando de esta y otras formas los incentivos o disuasivos necesarios cuando el mercado mismo no los logra otorgar.
La legislación ambiental, en este sentido, para algunos representa un grabe desaliento a la actividad productiva, puesto que encarece los costos de producción de las empresas, pero por suerte la gran mayoría asume que son costos necesarios para la viabilidad de los recursos naturales, así como también para evitar los efectos negativos que se producen en otras áreas productivas como la agroindustria o pesca, y así también que poseemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los últimos desastres en Celco y Ralco indican que la intervención del Estado en la materia no es suficiente, la Sofofa al señalar respecto del primero de estos que, ”Celco está actuando de acuerdo a las reglas del juego” [5], estaba señalando en definitiva que dicha empresa cumplía con toda la normativa que el Estado le requería, ya sea evaluación ambiental, autorizaciones, rangos de operación, etc. Así también, con relación al caso de Ralco, Andrés Concha secretario general de la Sofofa, señalo que, "claramente aquí no estamos frente a un problema de evaluación ambiental, sino que ante un accidente de operación de un proceso productivo"[6], y este es otro antecedente importante para la discusión. Si para las empresas hoy es económicamente eficiente pagar las indemnizaciones correspondientes a la población afectada y las multas que establezca la administración, teniendo en consideración el costo del daño ambiental, la intensidad del mismo y su frecuencia, evidentemente el Estado debiese adoptar otras medidas de intervención, no solo sancionatorias sino también ventajas económicas, tributarias o crediticias que ayuden a compatibilizar el desarrollo económico y con el medio ambiente libre de contaminación.
En conclusión, el Estado no debe abstraerse de intervenir en materia medioambientales por temor a afectar la economía, sino que precisamente debe intervenir en temas medioambientales porque posee un rol en la economía, debe intervenir en ella cuando las condiciones del mercado, como lo podrían significar que los consumidores castigaran los productos de una empresa contaminantes, no funcionan del todo bien, por tanto se producen efectos negativos y así también porque todos los ciudadanos poseemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación .
[1] Cordero, Vega. Derecho Administrativo. Apuntes de Clases 2007. Universidad de Chile.
[2] Principales expositores: Silva Cimma; Aylwin.
[3] Reforma del Estado en Chile 1990 – 2006. Disponible en .
[4] Egaña. Sesión 6.
[5] El Mercurio. Economia y Negocios. 1 Septiembre 2006.
[6] El Mercurio. Economia y Negocios. 20 de junio de 2007.

La negación del Derecho a tener a Derechos, El caso de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres.

Existe hoy una profunda brecha entre una sociedad que cambia su estilo de vida vertiginosamente y un sistema político que no logra captar dichos cambios. (MEDINA 2007).

Por: Esteli Unzueta.

Según las cifras conocidas, en Chile se realizan 177 mil abortos al año[1], en otras palabras, cada tres minutos, una mujer aborta y en la mayoría de los casos, en condiciones insalubres, a través de métodos caseros. En tanto, el embarazo adolescente ha aumentado hacia los primeros años de vida fértil[2], principalmente en mujeres de escasos recursos que han sido violentadas sexualmente, tipo de violencia que cada año va cobrando más victimas. Al mismo tiempo, la iniciación sexual de las mujeres es cada vez más temprana y desinformada, y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, se ha feminizado, especialmente en el caso del VIH. Por su parte, los grupos “por la vida” presentan un recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para la prohibición de la entrega pública de anticoncepción de emergencia y los grupos Conservadores -en complicidad con los mandatos de la Iglesia- restringen cada día más las posibilidades de educación sexual de la comunidad, a través de la invisibilización de estos problemas, los cuales no están en debate, puesto que ya han sido dirimidos.

Así, los discursos hegemónicos, -masculinos, adinerados y conservadores- ordenan un discurso común que posiciona la sexualidad de las mujeres en directa relación con su rol de madres, negando por tanto, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, el derecho a la autonomía personal, que en este caso, se entiende como, la libertad que tiene cada individuo para actuar conforme a su propia concepción acerca de lo que es valioso, necesario, deseable o correcto (UNDURRAGA, 2007).

Esta negación, tiene su origen en los patrones culturales -reproductores de los discursos hegemónicos- que han configurado la identidad de la mujer, desde la ética del cuidado, en un rol para otros, establecido simbólica y fácticamente en el espacio doméstico, tan propio de la identidad femenina, tan propio del rol social de las mujeres, lo que no sólo restringe las posibilidades de autonomía económica de las mujeres[3], sino que además, limita el acceso al conocimiento de los derechos ciudadanos coartando por tanto, la titularidad de éstos.

El llamado entonces, es por una parte, a exigir respuestas institucionales sobre el problema de la Salud Sexual y Reproductiva, desde la exigencia del respeto a los Derechos Humanos, pues una inadecuada respuesta pública hacia los problemas relacionados con la sexualidad, es sinónimo de la negación al derecho a la salud, a la libertad individual, a la integridad física, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión. Es también la negación del derecho a la sexualidad, a la protección ante el maltrato, al acceso a información y educación, a la confidencialidad y por cierto la negación de los derechos sexuales y reproductivos es también la negación al derecho a la vida y a la calidad de ésta.

Y por otra parte, el llamado es a modificar los patrones culturales que asignan relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres -a nivel simbólico y material- lo que conlleva a la desvalorización de lo femenino y por tanto, a la invisibilización de los discursos y demandas de las mujeres en torno a sus propias problemáticas.

En este mismo sentido, es pertinente advertir que el cambio cultural requerido para posicionar el tema de los derechos sexuales y reproductivos como un problema de carácter público, podrá –quizá- precipitarse con los cuestionamientos de instrumentos internacionales de reconocido prestigio, como lo es la CEDAW[4] y las recomendaciones que su comité realiza respecto al perfeccionamiento del sistema democrático, especialmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el cual se advierte que el Estado de Chile, comete un atropello a los Derechos Humanos de las mujeres, al no dar respuestas a las grandes problemáticas en materia de sexualidad, las que por estar silenciadas, son aún más dramáticas que en las realidades del contexto regional.

Como ciudadanos y ciudadanas entonces, se hace necesario reconocernos en un Estado de Derecho, que respeta la autonomía de las personas, en valores conmutados con el laicicismo, más allá de los conflictos éticos, que a mi parecer, ponen en duda la legitimidad del actual sistema democrático, puesto que el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos, está sobrerepresentado por los discursos hegemónicos instalados en los principales agentes de socialización, que determinan finalmente, las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Estas decisiones morales por tanto, omiten las voces de las mujeres y de los grupos que exigen una respuesta ante el tema, por lo que es posible decir, que el sistema político no respeta los principios liberales que debería sostener, especialmente en lo referido a entender al ser humano como una persona autónoma.

[1] Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos/RSMLAC, 2003.
[2] Ministerio de Salud. Documentos de Trabajo sobre embarazo adolescente.
[3] Al respecto, es preciso recordar que según el Censo 2002, sólo el 35,6 por ciento de la Población Femenina económicamente activa, recibe algún tipo de remuneración y el trabajo doméstico es realizado en un 98 por ciento por mujeres.
[4] Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por el Estado de Chile en 1988.

Referencias Bibliográficas.

Medina Quiroga, Cecilia, (2007) “La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer” Artículo extraído del Anuario de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos. Santiago.

Undurraga Valdés, Verónica. (2007). “Anticoncepción de Emergencia, Autonomía de las Adolescentes y Derechos de sus Padres”. Artículo extraído del Anuario de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos. Santiago.

Un muy buen ejemplo de columna

Breve guía para entender la CASEN 2006

Mario Marcel

La Segunda, junio 25,2007

Cuando hace dos semanas se dio a conocer los resultados de la encuesta CASEN 2006 muchos de los que hace años venimos siguiendo las estadísticas económico-sociales pensamos que nos estábamos enfrentando a muy buenas noticias: la incidencia de la pobreza se reducía de 18,7% de la población en 2003 a 13,7%, la indigencia lo hacía de 4,7% a 3,2% y por primera vez en mucho tiempo se detectaba una reducción de la desigualdad.

Pero donde algunos creíamos ver buenas noticias otros veían problemas. Algunos dirigentes políticos, encabezados por el senador Allamand, llamaron a la ministra de MIDEPLAN a dar explicaciones por estos resultados, exigiendoentender por qué las cosas no eran peores. Con ello, los chilenos podríamos estar inaugurando una nueva práctica: mientras en el resto delmundo se piden explicaciones cuando las cosas andan mal, nosotros lo hacemos cuando andan bien. Aún a riesgo de estimular esta práctica, y sinperjuicio de las explicaciones de MIDEPLAN, me permito ofrecer una breve guía paraentender los resultados de la CASEN. La CASEN es una encuesta de caracterizaciónsocioeconómica cuyo propósito es ayudar a orientarlas políticas públicas. Se basa en una encuesta a 73.000 hogares en todo el país. Para entender la magnitud y representatividad de esta encuesta, pensemos que una de las más respetadasencuestas de opinión, la Encuesta CEP, se basaen una muestra de 1.500 personas. La metodología de la CASEN se basa en estándaresinternacionales para encuestas de hogares y la información que ésta recopila se proyecta en base a datosdel Censo de Población de las Cuentas Nacionales. De esta manera, en la generación de los datosde la CASEN intervienen la Universidad de Chile, el INE, el Banco Central y la CEPAL. Las cifras sobre pobreza y distribución de la CASEN se obtienen sobre la base de la información que esta genera sobre ingreso familiar totalper cápita. Los hogares son ordenados en base a este indicador para agruparlos en quintiles odeciles de ingresos, calcular indicadores de distribución como el coeficiente de Gini y esteingreso per cápita es el que se compara con elvalor una canasta básica de consumo a efecto de determinar quiénes están por sobre o por debajo de la línea de la pobreza. El ingreso familiar total per cápita se obtienedividiendo los ingresos familiares totales por el número de habitantes del hogar. Elingreso familiar total corresponde a la suma de los ingresos autónomos --esto es, ingresos deltrabajo y rentas del capital, los subsidios monetarios y una imputación de arriendos para las familias que son propietarias de susviviendas. De esta manera, las variaciones en el ingreso familiar total per cápita dependen de los cambios que se produzcan en el tamaño delos hogares, el número de personas que aportan ingresos al hogar, los salarios y rentas queéstos obtienen, los subsidios monetarios del estado que llegan a las familias y de laproporción de familias que son propietarias de sus viviendas.

Una de las razones por las que algunospersoneros han pedido explicaciones a las autoridades sobre los resultados de la CASEN es el hecho deque entre 2003 y 2006 se observe una reducción de la pobreza muy fuerte en relación al crecimiento de la actividad experimentado en el período. La simple descripción anterior puede ayudar a responder a estas dudas. En efecto, para que se reduzca la incidenciade la pobreza, lo relevante no es necesariamente lo que ocurre en el PIB total o en los ingresospromedio de la población, sino lo que ocurre en el entorno de la línea de la pobreza, esto es,en el 20% más pobre de la población. Basta con que en el año de comparación (2003 en este caso) haya habido una proporción importante de hogares inmediatamente debajo de la línea de la pobreza o que el ingreso familiar total per cápita de las familias más pobres crezcamás que el promedio para que el crecimiento se traduzca en una reducción másque proporcional en la pobreza. De esta manera, para que el crecimientoeconómico sea pro-pobre se necesita que ocurra una o (preferentemente) más de las siguientes cosas en los hogares más pobres: (a) que el tamaño promedio de estos hogares se reduzca; (b) que aumenten las personas ocupadas por reducción de la cesantía o por incorporación de inactivosal mercado del trabajo; (c) que los ingresos que obtienen los ocupados aumenten; (d) quemejore el acceso de estos hogares a los subsidios monetarios que entrega el estado y, (e)que aumente la proporción de familias que son propietarias de sus hogares.En otras palabras, la relación entrecrecimiento y reducción de la pobreza no es fija, no está escrita en las leyes del país ni en las de laeconomía, sino que depende de la forma que tome el crecimiento, el comportamiento que tiene elmercado del trabajo y cómo operan las políticas públicas. Poner en duda la CASEN porque con menor crecimiento se redujo más la proporción de hogares pobres en relación a lo ocurrido en los 90 equivale a crear una tautología en torno a que la pobreza sólo se reduce concrecimiento, asumir que en Chile nunca va a mejorar la distribución de los ingresos ycondenar de antemano a las políticas sociales. Entre 2003 y de 2006 se ha observado algo muydistinto a esto. En este período el empleo creció en medio millón de ocupaciones, muchos empleos informales fueron reemplazados por empleosasalariados, aumentó en varios puntos porcentuales la tasa de participación de las mujeres, el gasto en subsidios monetarios del estadocreció en más de 10% real, y las políticas públicas generaron más de 300.000 solucioneshabitacionales reduciendo en consecuencia el allegamiento. Lo que la encuesta CASEN de 2006 nos dice esque ahora sí estos fenómenos beneficiaron más alas familias de menores recursos, haciendo que su ingreso total per cápita creciera más que elpromedio. Esto marca un importante contraste con lo observado en el pasado. Entre 1996 y 2000, por ejemplo, la CASEN mostró que elcrecimiento de los ingresos de los hogares del 20% más pobre fue la mitad del promedio de lapoblación. El mejoramiento en los indicadores de distribución y el crecimientopro-pobres son dos caras de la misma moneda.

Frente a esta evidencia algunos mantendrán su incredulidad, cuestionando algún aspecto metodológico o contrastando las estadísticas con lo reportado por el programa ?Contacto? esta semana. Pero aún a los incrédulos se les debeexigir consistencia. No se puede discutir algún detalle metodológico de una encuesta a73.000 hogares y al mismo tiempo aceptar como representativas de la realidad las imágenesmostradas por un programa de televisión para 20 casos de familias seleccionadas con criterios desconocidos. O le creemos a las estadísticas o le creemos a las sensaciones. Así como nadie espera que las estadísticas diviertan a la gente creo que tampoco podemos confiarle a latelevisión la construcción de la realidad del país.

Aunque sea provocativo para los incrédulos, yo le creo más a la CASEN que a Contacto.

Conferencia: Violencia Sexual y de Género en el Derecho Internacional y Transiciones Democráticas

Para quienes estén interesad@s y tengan un tiempito:

Conferencia dictada por la prof. Rhonda Copelon, directora, International Women's Rights Law Clinic, CUNY School of Law.

El miércoles 27 de junio, a las 13.30 hrs. en el salón del 6º. piso del edificio de Santa María de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (Pío Nono 1, Providencia).

La invitación señala que la invitada es una de las líderes mundiales del movimiento por el reconocimiento de algunos delitos contra la mujer como crímenes de derecho internacional, como la violación y el secuestro.

El Manejo de la (des)información, arma de medios de comunicación

El cierre de RCTV en Venezuela ha causado mucho revuelo y ha marcado muchas páginas tanto en la prensa nacional como la internacional, generando todo un debate traducido al derecho de libre expresión, criticando la decisión de Hugo Chávez quien decidió no renovar la concesión de esta televisora. Estando el presidente venezolano en todas sus competencias para poner término a la concesión por tener el Estado la potestad de administrar el espectro radioeléctrico.

Frente a esto, llama la atención lo mediático de este cierre, siendo que hay otros que parecen haber quedado en el olvido. Se pueden recordar cierres en Inglaterra; cuando Margareth Thatcher canceló un canal de televisión por haber difundidos noticias del asesinato de miembros del IRA irlandés en Gibraltar, el cierre (aunque temporal) de MED-TV-canal 22 o la revocación de la licencia de ONE TV en el 2006 (http://www.zonaimpacto.cl/205/?id=col166). También en Francia, Irlanda, España, USA, no se renovaron concesiones e incluso se caducaron muchas de ellas. En Argentina y Uruguay ha ocurrido también e incluso en Perú este año se dispuso del cierre de dos canales de televisión.

¿Y donde están las noticias de estos cierres de emisoras?, la respuesta está en descubrir quien decide lo que debemos conocer e ignorar cuando tratamos de informarnos por lo medios de comunicación formales.

En el caso de Chile, el duopolio en la prensa escrita de los grupos existentes, Edwards y Copesa, poderosos del dinero, quienes defienden sus intereses económicos manejando el contenido de la información de estos medios de comunicación, logrando manipular la percepción del público en general. Tal es lo que sucede en diversos temas sociales como es el de las AFP, quienes administran los planes de pensión privados y que ha atraído inversiones de los propietarios de COPESA.

Las AFP cargan un 2.5 % de comisión a los cotizantes, que es prácticamente el doble de lo que gastan los países desarrollados en este tema. Cuando los políticos intentaron iniciar el debate en esta problemática, La Tercera defendió a la industria con el titular “Comisiones de las AFP chilenas: Entre las más bajas de la región” (Dermota, Ken. “Chileinédito”, Pàg 331). ¿Se puede decir que este titular no distorsiona la percepción del público?

Hay muchas otras denuncias relacionadas con las AFP que no se encuentran en los titulares de los periódicos, tales como que las jubiladas reciben pagos menores que los jubilados, llegando a ser casi la mitad de estos algunas veces, ya que los salarios de las mujeres son mucho más bajos en comparación al de los hombres y esto aunque la vida laboral de las mujeres no se vea interrumpida.

Respecto a los mismo, nunca veremos noticias acerca de las inversiones especulativas de alto riesgo de las AFP que son cuestionados por los sindicatos, ni de las bajas jubilaciones que reciben los chilenos y chilenas, donde muy pocos se jubilan con el 100% de su salario, porque los dueños de estos medios de comunicación ven estos temas sociales como temas empresariales, que obviamente causan conflicto de interés entre sus filas.

Estos periódicos lo que hacen es evitar un debate y cuestionamiento público respecto a estos temas. Por que sin bien rara vez se encuentran este tipo de noticias en hojas de sus periódicos, estas no merecen un lugar privilegiado ni destacado en sus ediciones, más bien podemos encontrarlas bajo anuncios comerciales y económicos que le restan todo alcance y orden de importancia y a su vez son disminuidas en el trato poco deferente en cantidad y calidad al momento de publicitarlas.

GENERACIÓN POSMODERNA

ME TOME LA LIBERTAD DE PUBLICAR ESTE ARTICULO DE FREI BETTO, PUES A MI PARECER, RESUME DE FORMA MAGISTRAL, TODAS LAS CONVERSACIONES QUE HEMOS TENIDO EN ESTAS TRES SESIONES.

SALUDOS...

GENERACIÓN POSMODERNA

Frei Betto
ALAI AMLATINA, 12/06/2007/ Sao Paulo.-

La posmodernidad no niega la modernidad, sino que más bien celebra sus conquistas, como el positivismo inherente a las ciencias, la razón tecnocientífica para pontificar sobre la intuición y la inteligencia, el triunfo del capitalismo en sus versiones neoliberal y, ahora, neofascista, contraponiendo, por vía de la guerra, el fundamentalismo económico –el capital como valor supremo- al fundamentalismo religioso.

Ante el darwinismo socioeconómico, la cultura se sumerge en una crisis profunda. Los valores monetarios del mercado se sobreponen a los valores morales de la ética. Se silencian los grandes relatos, se desacelera la historia como proceso, agonizan las ideologías críticas. El futuro retrocede ante el imperativo de perennización del presente. Todo se congela en esa idea absurda de que la vida es ‘aquí y ahora’. La vejez es vista como enfermedad y la muerte como abominación. La felicidad queda reducida a la suma de placeres, y los bienes finitos son más codiciados que los infinitos.

Se sabe lo que no se quiere, no lo que se quiere. Las utopías se cayeron con el muro de Berlín. Mayo del 68 no logró expandirse más allá de las fronteras del cuerpo liberado del peso de la culpa. Los proyectos revolucionarios quedaron como la foto del Che, colgada en la pared o serigrafiada en una camiseta. “Hay tiempos en que ni los santos están a la altura / de la medida de la maldad. / Hay tiempos en que son los jóvenes los que enferman. / Hay tiempos en que está ausente el encanto.

/ Y hay moho en las sonrisas. / Y sólo el azar extiende los brazos / a quien busca abrigo y protección”, canta Renato Russo.

Hegel nos enseñó a pensar la realidad y su discípulo Marx a transformarla. Se olvidaron de la enseñanza bíblica de que es necesario cambiar el corazón de piedra en corazón de carne. Lo nuevo, en la ciencia y en la técnica, no hace nuevo el corazón humano, asolado ahora por el sentimiento de impotencia, de fatalismo, de cinismo. Es la cultura del gran vacío respirada por los jóvenes de hoy. Caminan de Prometeo a Narciso y, en medio del camino, dejan al margen el heroísmo de Sísifo. No les importa que la piedra ruede monte abajo, les importa disfrutar de la vida.

Rendidos ante las exigencias de construir algo nuevo, olvidados Hegel y Marx, los cambios históricos soñados por mi generación del 68 ahora se reducen al cuerpo, a la moda, a los gestos y caprichos individuales. En los escaparates la literatura libertaria es sustituida por esoterismo, astrología y autoayuda. Puesto que la sociedad es inmutable, hay que disfrutarla. Y ya que no se puede cambiar el mundo, al menos hay que encontrar terapias literarias que sirvan de antídoto contra un profundo
sentimiento de frustración y derrota.

En su ansia por eternizar el presente se buscan artificios que prolonguen la vida: ejercicios, dietas, vitaminas, cirugías estéticas… Urge mantenerse eternamente joven. Vejez, arrugas, obesidad, canas, músculos flácidos, pérdida del vigor juvenil y de belleza física: he ahí los fantasmas que asustan al alma lúdica, lujuriosa, de quien no sabe qué rumbo imprimir a la existencia. Como pregona el Manifiesto Hedonista (E. Guisan 1990), “el goce es el alfa y la omega, el principio y el fin”.

Se privatiza el existir, se encierra en un individualismo que se jacta de su indiferencia ante los dramas ajenos, y predomina la insensibilidad ante las cuestiones colectivas. La ética cede el lugar a la estética.

La política es mirada con disgusto, y la vida como un videoclip anabolizado por el dinero, la fama y la belleza.

Surge la primera generación sin culpa, despolitizada de compromisos, repleta de jóvenes aburridos, escépticos, insatisfechos, fragmentados. Generación con una reducida capacidad de asombrarse, de entusiasmarse, de comprometerse. Una generación desencantada. “Vivo en el número siete, / calle Melancolía, / quiero mudarme hace años / al barrio de la alegría. / Pero siempre que lo intento / ha salido ya el tranvía / y en la escalera me siento / a silbar mi melodía” (J. Sabina).

Ahora cada cual tiene su verdad y nadie se incomoda con la verdad del otro. Ni se deja cuestionar por ella. El diálogo cara a cara es descartado a favor del diálogo virtual por Internet, en que cada participante puede fingir lo que no es y disfrazar su baja autoestima. En las relaciones personales se invierte el itinerario de mi generación, que iba del amor al sexo; ahora se va del sexo al sexo, con la esperanza de que quizás surja el milagro del amor.

En este nebuloso mundo posmoderno la visión queda oscurecida. Se pierde la dimensión del bosque, se ve apenas uno que otro árbol. Por eso se indigna uno con la violencia urbana y se clama por la reducción de la mayoría de edad penal y por la pena de muerte. ¿Quién se indigna contra la violencia estructural de una nación que condena a millones de jóvenes a la desescolarización precoz y al desempleo?

Sirva de (mal) ejemplo la Justicia de Bush, que condenó a cien años de cárcel al soldado que, en Iraq, estupró y mató a una joven de 14 años. Pero mientras tanto una lluvia de bombas ‘made in USA’ segaba la vida de 700 mil iraquíes, sin distinguir inocentes, niños o ancianos. ¿Quién responderá por tanta atrocidad? (Traducción de J.L.Burguet)

- Frei Betto es escritor, autor de “Trece cuentos diabólicos y uno angelical”, entre otros libros.


Más información: http://alainet.org
ALAI - 30 AÑOS

EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA FRENTE A LA IDEOLOGÍA NEOLIBERAL.

Por María Elena Correa.

Es para muchos(as) conocido las conse-cuencias que ha traído el sistema neoliberal tanto para las economías emergentes como para los países desarrollados, pobreza, degradación medioambiental, aca-paramiento de riqueza, aumento de las desigualdades socioe-conómicas y marginación social, además de una serie de consecuencias económicas y sociales que no han pasado inadvertidas para nadie en este planeta.

La grave crisis ecológica que nos afecta en nuestros tiempos es consecuencia de la implementación del capitalismo como modelo económico, sistema que evolucionó con el surgimiento de un nuevo pensamiento económico, Neoliberalismo, de la mano de su ideario, Milton Friedman. Esta corriente neoliberal se hizo parte de los sistemas políticos-económicos de los países de América Latina en la década de los 80’s, cuando la crisis de la deuda puso en jaque la estabilidad macroeconómica de los países de la región y los gobiernos optaron por la reforma del Estado bajo la inspiración de este modelo y el conservadurismo político. Así se potenció un Estado mínimo, despojado de su rol planificador, proveedor de servicios públicos, redistribuidor de riquezas y beneficios sociales y mediador en los intereses y los conflictos sociales. Por su parte, la reforma conservadora del Estado disminuyó los espacios de participación, transformó las decisiones políticas en decisiones técnicas y disoció así los aspectos políticos de los problemas sociales[1].

El malestar social frente al modelo, y consecuentemente frente a las potencias económicas que fomentan su implementación, configuró el surgimiento de un nuevo movimiento social, el ecologista. Desde fines de los años 60’s, en países cómo Estados Unidos y Alemania, las corrientes “verdes” iniciaron el camino de lucha contra las formas de producción y degradación ambiental que estás conllevan. El movimiento ecologista, busca transformar la conducta humana hacia el medioambiente, pasando de una lógica de dominación, apoderamiento y destrucción a una lógica de convivencia con el entorno, donde el uso de los recursos naturales sea de manera racional –entendiendo que el ser humano forma parte de un ecosistema y por tanto, hay una relación de igualdad con las otras especies que habitan el planeta- y con una perspectiva local y largo placista, esto implica considerar los efectos de las acciones humanas sobre la biodiversidad.

Los movimientos sociales, incluido el ecologista, han apuntado sus dardos hacia el modelo y hacia quienes lo promueven (G-8) cómo la panacea a los problemas de subdesarrollo que viven los países del sur. Esta promoción del modelo le fue encargada a organismos supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes dieron y dan las pautas de acción a las economías emergentes, en contraprestación al otorgamiento de créditos. Es así como bajo los Programas de Ajuste Estructural, se recomendó la adopción de principios basados en la eliminación de la función económica y social del Estado, privatización y apertura a los mercados externos. Si bien estas pautas no son finalmente la causa de los problemas de los países subdesarrollados, claramente si han contribuido al agravamiento de ellos.

Quienes han seguido estas directrices de acción han debido “arrasar” con los recursos naturales en un afán de aumentar las exportaciones que permitan compensar las importaciones, así las grandes potencias se llevan las materias primas y los recursos naturales de las economías en desarrollo y a cambio envían productos manufacturados, orientados principalmente al consumo. Que nos ha quedado, una amazonía reducida, un aumento de la desertificación, avance del desierto debido a la tala indiscriminada de bosque nativo, suelos fragmentados, contaminación de las aguas, y un sinnúmero de problemas medioambientales que afectan fuertemente a las comunidades más pobres, de los, valga la redundancia, países más pobres. Nuestro país, que también adoptó y ha mantenido el modelo, actualmente enfrenta problemas medioambientales que se reflejan en el aumento del desierto -que hoy ya llega la región del Libertador Bernardo O’Higgins-, disminución del bosque nativo, desaparición de especies endémicas, contaminación atmosférica e hidrográfica, desertificación, destrucción de hábitat, además de los problemas causados por las principales actividades económicas del país, que de paso constituyen los mayores ingresos por exportaciones, cómo lo son la minería (daños a las cuencas hidrográficas, principalmente por los tranques de relaves), pesca (daño al fondo marino por la producción de salmones), sector forestal (disminución de bosque nativo, deterioro del suelo por monocultivos, desaparición de especies nativas), entre otros.

Los movimientos ecologistas no se oponen a la ideología neoliberal per se, los actuales fenómenos naturales no son consecuencia del funcionamiento normal de la naturaleza, son consecuencia de un accionar humano que no ha considerado los impactos ambientales de los procesos productivos y sobreutilización de los recursos naturales. En el afán de dominar los procesos productivos y con ello la naturaleza se ha alterado el normal funcionamiento del ecosistema, la ganadería intensiva, la producción forestal a través de monocultivos, el fuerte uso de pesticidas, hormonas y antibióticos en la producción de alimentos que permitan reducir los costos y acelerar la producción, entre muchas cuestiones más, no han pasado desapercibidas para la biodiversidad planetaria, la capacidad de carga del ecosistema ya ha sido sobrepasada. Por supuesto pensar que el mercado solucionará estos problemas es igual de iluso que creer que el mercado es un eficiente asignador de recursos. La mano invisible de Adam Smith, claramente no tiene nada que hacer frente a cuestiones cómo la desertificación, pérdida de biodiversidad, calentamiento global o el debilitamiento de la capa de ozono.

La ideología neoliberal ha provocado que los países subdesarrollados hipotequen lo único que tienen, biodiversidad, con el único propósito de comprar el desarrollo.

Es necesario generar un cambio en las formas de relacionarse con el ecosistema, los seres humanos somos un elemento más dentro de este sistema, y claramente pensar en “dominar la naturaleza” no es el camino correcto, debemos encontrar la forma de relacionarnos y convivir con la otras especies de la manera más armónica posible, otorgándole a cada una de ellas el espacio que se merece. En esta aspiración al desarrollo es importante establecer que tipo de desarrollo queremos lograr y bajo que ideología llegaremos a él. Ello implica replantearse el rol del Estado y del mercado, es decir, dejar atrás el modelo neoliberal. En ello, debemos transformar los sistemas de producción y consumo, y nuestra forma de organización social y vidas personales por estrategias que sean sustentables en la utilización de los recursos -esto implica utilización de recursos renovables y una extracción que no supere la renovación de estos-, potenciando la localidad en los sistemas de producción –las mayores distancias encarecen los productos y van dejando una huella ecológica por la utilización de combustibles y los traspasos de un punto a otro-, e implementar modelos de producción limpia que permitan reducir residuos y reutilizar los generados. Debemos minimizar el rol del mercado, potenciando el accionar del Estado como agente planificador e implementador de políticas públicas, proporcionador de servicios básicos, asegurando a la vez calidad de vida para las personas, ello incluye proteger el medioambiente y procurar la preservación de la biodiversidad local y planetaria.

Bibliografía.

¨ Contreras Rodrigo, Los principios del modelo neoconservador de gobernabilidad aplicado en América Latina durante los 90.
¨ Giddens Anthony, 1994. Más Allá de la Izquierda y la derecha, el futuro de las políticas radicales, Ediciones Cátedra.
¨ Naess Arne, Los Movimientos de la Ecología Superficial y la Ecología Profunda: un resumen, (traducción realizada por Ricardo Rozzi,- IEB- 2007).
¨ Lynn White Jr., Raíces históricas de nuestra crisis ecológica (traducción realizada por Ricardo Rozzi -IEB-, 2007)
¨ Manzur María Isabel, 2005, Situación de la Biodiversidad en Chile: desafíos para la sustentabilidad, Programa Chile Sustentable, 208 p.
¨ Castells Manuel, 1999. Globalización, identidad y Estado en América Latina. Ponencia preparada para el Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, Sede de Chile.
¨ Castells Manuel, El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologista, en http://www.mapuche.info/mapuint/castells9800.html

[1] Contreras Rodrigo, Los principios del modelo neoconservador de gobernabilidad aplicado en América Latina durante los 90.