"Seguridad Pública", una tarea urgente

Por estos días vemos a través de los medios de comunicación la gran pelea que están dando nuestras autoridades políticas por reposicionarse con el tema, que según las encuestas señalan que es la principal preocupación de la ciudadanía, “La Seguridad Pública”. A esto además se le agregan los últimos trágicos acontecimientos en el combate a la delincuencia, como es la muerte de dos carabineros, que cumpliendo sus labores, han caído en manos de antisociales.
No debe parecernos extraño que dirigentes políticos de distintos conglomerados quieran hacer suyo el éxito de esta tan difícil tarea.

Para hacer más contundente este análisis debemos revisar, seriamente, esta política pública que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha hecho ícono de su agenda de Gobierno.
En el marco teórico del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Pública correspondiente al Ministerio del Interior, existen principios rectores que hacen de esta política un trabajo serio y responsable, pero no menos dificultuoso y desafiante, para controlar este flagelo.
Es así como se hace indispensable conocer la labor de diseño e implementación que se tuvo a considerar al momento de poner en marcha esta estrategia.
Este plan es un esfuerzo del Estado basado en la intersectorialidad, toda vez que por primera vez distintos Ministerios y organismos públicos incorporan el enfoque de seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y objetivos. Este término supone que cada sector se hace cargo y responsable del cumplimiento de metas en un plazo determinado.
La estrategia fue diseñada e implementada para que participaran y colaboraran diversos actores, además del Estado, iglesias, organismos sociales, universidades, centros de estudios, etc.
La característica más importante de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se refiere a la territorialidad, es decir, el reconocimiento que toda política se ejecuta en un lugar que tiene complejidades irreplicables.
De esta manera se manifiesta en los planes regionales y locales que reflejan la intersectorialidad, basada en un diagnóstico común y propio de su realidad.
Es así como Ministros, Intendentes, Gobernadores, Seremis, Jefes de Servicio, autoridades sectoriales y organizaciones locales deben cumplir metas y contribuir a la seguridad pública desde su competencia territorial.
Otro aspecto fundamental se refiere a la importancia que se le asigna y reconoce a los programas de prevención (social y situacional) a la reinserción y asistencia a las víctimas, ya que son una respuesta integral de la sociedad frente a la delincuencia y a la violencia.
La experiencia internacional nos ha demostrado que los países que han logrado estabilizar o reducir la victimización, lo han hecho mediante la combinación de acciones de control y políticas sociales de prevención focalizadas en situaciones que inciden en la ocurrencia de delitos y en las personas que nunca han delinquido, las víctimas y victimarios.
Una herramienta formal y objetiva para la medición y comprensión del fenómeno delictual es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que ha confeccionado la División de Seguridad Pública perteneciente al Ministerio del Interior, y que permite conocer los niveles de victimización e inseguridad de la población.
En su última aplicación, practicada en el período de Septiembre de 2006 a Enero de 2007, los encuestados corresponden a 20.487 casos; su representación es nacional, regional urbana y de 92 comunas; los entrevistados son personas de 15 años y más residentes de zonas urbanas.
Esta encuesta nos formula realidades muchas veces desconocidas pero no menos ciertas, por ejemplo nos señala que durante los doce últimos meses, en el 38,4 % de los hogares alguno de sus miembros ha sido víctima de delito.
Y al ser consultados respecto de la principal causa del delito, responden que su ocurrencia se produce por la falta de vigilancia policial, desplazando a la falta de trabajo y consumo de drogas, que anteriormente se verificaban como causales.
La inseguridad, percepción de exposición, vulnerabilidad y reacción frente al delito, un 52% de la población señala que se sienten potenciales víctimas de delitos de alta connotación social.
Respecto de la reacción frente al delito, un 37,6% declara haber tomado alguna medida para protegerse de estos delitos.

De esta manera nos damos cuenta que el problema de la Seguridad Pública ya pasa a ser un tema socio político fundamental y el llamado es al país y no sólo al Gobierno, hacerse cargo de este mal.
Por lo tanto, no es extraño comprender los últimos acontecimientos políticos, en donde vemos el desfile de los altos dirigentes de la Alianza a la Moneda proponiendo “un pacto antidelincuencia aquí y ahora”.
Como consecuencia el Gobierno ha considerado acuerdos con dichos actores, conformando una “comisión antidelicuencia”. Pero lo que no deben olvidar es priorizar el impacto social que problema conlleva, y mantener alejadas las agendas personales y electorales cortoplacistas.

Lo que anhelamos como ciudadanos, es hacer entender a nuestros políticos que la seguridad pública es un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, un país que goza de altos niveles de paz y tranquilidad, entrega condiciones favorables para la vida de sus ciudadanos.