Por Iván Franchi Arzola
Al inicio de esta semana se inauguró la nueva Central Hidroeléctrica Quilleco, en la Región del Bío-Bío. En este escenario la Presidenta Michelle Bachelet comentó que desde el comienzo de su mandato había determinado como objetivo para la cartera de Energía el “establecer una nueva política que tenga como objetivo el no depender nunca más de un sólo proveedor, de una sola fuente, dado que eso dejaba al país en una situación de vulnerabilidad y precariedad”[1]. El enfrentar esta necesidad, requiere de la acción en dos sentidos. El primero, abocar por la necesidad de una integración energética con nuestros vecinos. Y segundo, la resuelta convicción de afrontar nuestra realidad con los recursos que dispone el país. Uno de estos recursos, precisamente es el agua.
Las centrales hidroeléctricas poseen ciertas ventajas: una alta calidad de la energía útil, y bajos costos operacionales y de mantenimiento. Por otro lado, los recursos hídricos de nuestro país presentan condiciones óptimas para su aprovechamiento como fuente de producción energética. Estos han sido los argumentos de los precursores y defensores de la construcción de importantes centrales de este tipo, cuyo principal proyecto se encuentra en la Región Aysén, en los ríos Baker y Pascua. La pregunta es entonces, si ¿estas condiciones son suficientes para pasar por encima de la decisión y establecimiento de proyectos locales?. No cabe duda que la intensión es el desarrollo país y su crecimiento económico, pero ¿a qué precio? ¿con qué derecho se daña lo que corresponde a las generaciones del futuro? ¿con qué respeto hacia las otras actividades de producción local, como lo es la pesca artesanal, la de mayor importancia social? ¿con qué respeto a la actividad turística, la estética, el sentido social de pertenencia de las imágenes que aún quedan de paisajes, ríos y litorales?. En este sentido es que las aseveraciones de la la Presidenta Michelle Bachelet no deben ser entendidas como el beneplácito a esta iniciativa, pero tampoco se puede desconocer, la indecisión que evidencia al respecto.
Aysén es la región más rica en aguas dulces de Chile, con el 31% del caudal nacional, más las reservas de 7.000 km2 de Campos de Hielo y un enorme volumen almacenado en sus lagos[2]. Aquí el agua es abundante y de buena calidad, lo cual constituye una excepción y a su vez una oportunidad y desafío. La oportunidad siempre habrá quien la aproveche, pero frente al desafío son muy pocos los que se aventuran. En esta ocasión el desafío constituye comprender la decisión que los mismos habitantes de Aysén han elegido. Comprender que las mejores contribuciones a la conservación de la calidad de los recursos hídricos de la región de Aysén es el fortalecimiento de la percepción que la cantidad y calidad de sus aguas son uno de los principales activos ecológicos, sociales, económicos y culturales del país.
Hoy se está a tiempo para tomar la decisión de compatibilizar la gran demanda energética –propia de los países en vías de desarrollo– y el respeto que se merecen los ciudadanos para decidir sobre el futuro de sus ciudades y regiones, sobretodo en zonas como Aysén y La Patagonia, zonas de marginalidad histórica y de profundas potencialidades culturales y sociales.
Las centrales hidroeléctricas poseen ciertas ventajas: una alta calidad de la energía útil, y bajos costos operacionales y de mantenimiento. Por otro lado, los recursos hídricos de nuestro país presentan condiciones óptimas para su aprovechamiento como fuente de producción energética. Estos han sido los argumentos de los precursores y defensores de la construcción de importantes centrales de este tipo, cuyo principal proyecto se encuentra en la Región Aysén, en los ríos Baker y Pascua. La pregunta es entonces, si ¿estas condiciones son suficientes para pasar por encima de la decisión y establecimiento de proyectos locales?. No cabe duda que la intensión es el desarrollo país y su crecimiento económico, pero ¿a qué precio? ¿con qué derecho se daña lo que corresponde a las generaciones del futuro? ¿con qué respeto hacia las otras actividades de producción local, como lo es la pesca artesanal, la de mayor importancia social? ¿con qué respeto a la actividad turística, la estética, el sentido social de pertenencia de las imágenes que aún quedan de paisajes, ríos y litorales?. En este sentido es que las aseveraciones de la la Presidenta Michelle Bachelet no deben ser entendidas como el beneplácito a esta iniciativa, pero tampoco se puede desconocer, la indecisión que evidencia al respecto.
Aysén es la región más rica en aguas dulces de Chile, con el 31% del caudal nacional, más las reservas de 7.000 km2 de Campos de Hielo y un enorme volumen almacenado en sus lagos[2]. Aquí el agua es abundante y de buena calidad, lo cual constituye una excepción y a su vez una oportunidad y desafío. La oportunidad siempre habrá quien la aproveche, pero frente al desafío son muy pocos los que se aventuran. En esta ocasión el desafío constituye comprender la decisión que los mismos habitantes de Aysén han elegido. Comprender que las mejores contribuciones a la conservación de la calidad de los recursos hídricos de la región de Aysén es el fortalecimiento de la percepción que la cantidad y calidad de sus aguas son uno de los principales activos ecológicos, sociales, económicos y culturales del país.
Hoy se está a tiempo para tomar la decisión de compatibilizar la gran demanda energética –propia de los países en vías de desarrollo– y el respeto que se merecen los ciudadanos para decidir sobre el futuro de sus ciudades y regiones, sobretodo en zonas como Aysén y La Patagonia, zonas de marginalidad histórica y de profundas potencialidades culturales y sociales.
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