Transantiago con lenguaje de Derechos

Branislav Marelic Rokov

Si en un Estado de Derecho, Constitucional y Democrático, nos ponemos en la posición de decidir,
contraponiendo una decisión política y un derecho, es claro que la balanza siempre se debe
inclinar hacia el derecho. Y es que en un Estado de Derecho, los

derechos, y sobre todos los fundamentales serán cartas de triunfo ante las demandas mayoritarias¹. Los derechos en general, serán una piedra en el zapato de las actuaciones excedidas y serán argumentos válidos para pedir determinadas cuestiones, sin importar que tan bien se esté implementando o no una política pública.

Sin embargo, si bien cada derecho será una forma de pedir algo a alguien, la posible realización de ese derecho, en mayor o menor medida, será también una ejecución de una implementación en base a políticas públicas y sobre todo en base a dinero. El dinero en luchas legales e ideológicas tiene un rol importantísimo, tanto así, que la realización de todos los derechos, de TODOS los derechos de los chileno, pasa por lo que dice el director del Dipres y por la subsecuente aprobación de la ley de presupuesto. Por ejemplo, un derecho de participación política, un derecho civil y político, un derecho de “libertad”, necesita un apoyo directo del Estado para ser ejecutado en el marco de elecciones; un derecho de propiedad, necesitará un cuerpo de policía financiado por el Estado; por el lado de los derechos sociales, esto es muy evidente, tan evidente, que pareciese que son los únicos derechos que son ejecutados con dinero. La decisión de cuanto dinero se aplica a la salud, decidirá cuantas colas habrán en los consultorios, decidirá sobre todo, la titularidad de los derechos garantizado por la Constitución y las leyes.

En el sentido anterior, el plan AUGE, hoy en día, es tipicamente la realización del derecho a la salud con acceso universal, es una gestión pública destinadas a satisfacer el abstracto mandato del derecho social de la salud. Sin embargo, justiciar un derecho tan abstracto como el de la Salud en la Constitución es por cierto imposible en la práctica; por tanto, la gran novedad del plan Auge, es su enfoque de derechos, esto es dandole a cada ciudadano un marco de derechos fuerte para exigir lo suyo, sus prestaciones garantizadas, sin importar si el Estado tiene dinero o no.

Por lo tanto, creo que cuando se genera una política pública con una cobertura legal amplia, que permite generar prestaciones detalladas, y dandole a los ciudadanos-usuarios derechos para exigir lo suyo, tenemos una política pública inclusiva y sobre todo, una política pública que tiene legitimidad en la esfera de lo jurídico, que nos permitirá exigirle algo a alguien y que si no cumple, genera una exigibilidad “fuerte”. Por lo demás, un cobertura legal con derechos, permite a lo menos tener una clara distribucion de responsabilidades, y lo más importante, una mayor legitimidad “para meter la mano al bolsillo” y sacar más dinero.

¿Quién podría decir públicamente 'No, más plata al AUGE'?

Primero, no se podría, por que no es 'políticamente' correcto.

Segundo, porque es una obligación estatal, ya que se incorporó a la gestión cuando se generó un marco legal fuerte de obligaciones de prestación, so pena de responsabilidad del Estado por falta de servicio.

El marco de derechos para servicios de gran relevancia social, es necesario, para “convertir un asunto de gobierno, en un asunto de Estado”², para que el Estado en su conjunto se sienta identificado con un proyecto, que es al final, de todos...

Y con esto llegamos al Transantiago, que básicamente, no genera derecho a los usuarios, no tiene un marco legal, no es por completo un “asunto de Estado”, no genera responsabilidades claras.

El Transantiago, es simplemente un proyecto de gran trascendencia social, que fue montado con elementos básicos y comunes, no aptos para prestar servicios ni para generar condiciones de equidad.³ Es un contrato entre los privados y el Estado, para que los privados usen las calles, lucren prestando un servicio en base a determinados requisitos mínimos. ¿Y los ciudadanos? ¿A quien le van a reclamar? ¿Que derechos tienen? ¿Es una política pública con enfoque de derechos? ¿Y si cuando termine la concesión, el siguiente gobierno cambia todo el sistema? ¿Es un asunto de Estado?

Existe muchos problemas, pero abordaré dos, la falta de la propiedad de algún derecho que pueda exigir un buen servicio del sistema, y la falta de respaldo legal, entendido como consenso político;

vamos por parte, la existencia de un derecho;

¿Existe un derecho fundamental al transporte? Bueno.... eh.... no, pero quizá si hacemos derecho-ficción podríamos construirlo de muchos lugares, pero no es el caso, No hay un Derecho en la Constitución

¿Existe un marco legal que genere derechos legales a un buen funcionamiento del servicio de transporte? eh.... tampoco, ni siquiera existen normas exclusivas para el transantiago, en cuanto a prestación de servicios.

¿A quien le voy a reclamar si la troncal no pasa nunca?. En general se activan los mecanísmos genéricos de reclamo, esto es, el Ministerio y sus servicios respectivos. Pero cuando yo reclamo, no es que yo esté haciendo valer un derecho en contra de alguna empresa, lo que pasa es lo siguiente:

Yo le informo al Estado de que la troncal no pasa; luego el Estado se da cuenta que la troncal le incumple el contrato, luego sanciona a la troncal; luego la troncal presta mejor el servicio. Lo que yo hago en realidad es informar al Estado de que lo están haciendo “leso”, y no es que yo haga valer un derecho directo. En este sentido ¿Que pasa si el Estado no quiere o no puede sancionar para que exista mejor servicio?, Yo como ciudadano ¿A quién le reclamo?.... Si no existe un derecho que exigir en contra de un servicio de “utilidad pública”, estoy seguro que existe una exclusión total, y existe una indefensión absoluta de los ciudadanos... La política pública no genera derechos, y por lo tanto no existe participación ciudadana ni aún la mínima (el poder reclamar por algo de forma directa).

En cuanto a la cobertura legal.

Generar una ley, de aquellas tramitadas en el parlamento, genera dos consecuencias extremadamente relevantes. La primera, que es la más obvia, que es la jurídica, que busca imponer obligaciones y deberes en la gestión de este plan de transportes; la ley en general, genera el ámbito en donde es legítimo pedirle algo a un operador de troncales o locales, incluso por la fuerza; si no genera un marco adecuado para este plan de transporte, la formas legítimas de obligar a un privado a hacer algo acorde con lo acordado es menor. Actualmente, los contratos realizados con los operadores, son realizados en bases generales y no atendiendo a la particularidad de un servicio de transporte y la delicadez de las fallas. Si falla el transporte, como ha fallado ya, los mecanimos genericos de “emergencia” no están hechos para afrontar rápidamente el coste social que origina.

Por otro lado, y quizá lo más importante, tramitar una ley en el congreso, es una forma de componer (aunar) intereses. La ley será el acuerdo de interes políticos por excelencia, todo lo discutido y todo lo negociado en el congreso se reflejará en la ley. En este caso, al no tener un respaldo legal ad-hoc, no hubo consenso entre los sectores de los mecanismos de implementación.

La no conversación entre los sectores del marco legal, genera el problema que cuando el transantiago falla, como ahora, realizar una medida de emergencia cueste tanto, cuando esa medida tiene que pasar por un congreso que nunca tuvo acuerdo.

Además por cierto, que es grosero la gran cantidad de dinero gastado en este plan mal ejecutado, excluyente y anti-democrático en su implementación. El dinero gastado en una mera política pública que no genera derecho a los usuarios, es simplemente una contigencia de lo político y no un plan del Estado permanente y continuo. Generar derechos podría garantizar la estabilidad pero sobre todo asegurar recursos de una manera menos “dolorosa”, como la que tuvo que realizarse con el lobby intenso de la última semana.

Por lo anterior, espero que el Gobierno no se de por vencido y que el Estado siga con el animo de corregir lo que se pueda con los mecanismos limitados que presenta. También espero, que no tengamos un desfile de planes de transporte sin una política seria y continua de dejar estos temas amarrados al Derecho, para generar derechos y generar formas civilizadas de movilizarnos en Santiago.

1Dworkin, Ronald. Los Derecho en Serio. Ariel Derecho.

2Como han dicho los diputados en la moción del proyecto de ley de inclusión de la cláusula de Estado Social apropósito de su relevancia.

3Para otra opinión desde el derecho,