La negación del Derecho a tener a Derechos, El caso de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres.

Existe hoy una profunda brecha entre una sociedad que cambia su estilo de vida vertiginosamente y un sistema político que no logra captar dichos cambios. (MEDINA 2007).

Por: Esteli Unzueta.

Según las cifras conocidas, en Chile se realizan 177 mil abortos al año[1], en otras palabras, cada tres minutos, una mujer aborta y en la mayoría de los casos, en condiciones insalubres, a través de métodos caseros. En tanto, el embarazo adolescente ha aumentado hacia los primeros años de vida fértil[2], principalmente en mujeres de escasos recursos que han sido violentadas sexualmente, tipo de violencia que cada año va cobrando más victimas. Al mismo tiempo, la iniciación sexual de las mujeres es cada vez más temprana y desinformada, y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, se ha feminizado, especialmente en el caso del VIH. Por su parte, los grupos “por la vida” presentan un recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para la prohibición de la entrega pública de anticoncepción de emergencia y los grupos Conservadores -en complicidad con los mandatos de la Iglesia- restringen cada día más las posibilidades de educación sexual de la comunidad, a través de la invisibilización de estos problemas, los cuales no están en debate, puesto que ya han sido dirimidos.

Así, los discursos hegemónicos, -masculinos, adinerados y conservadores- ordenan un discurso común que posiciona la sexualidad de las mujeres en directa relación con su rol de madres, negando por tanto, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, el derecho a la autonomía personal, que en este caso, se entiende como, la libertad que tiene cada individuo para actuar conforme a su propia concepción acerca de lo que es valioso, necesario, deseable o correcto (UNDURRAGA, 2007).

Esta negación, tiene su origen en los patrones culturales -reproductores de los discursos hegemónicos- que han configurado la identidad de la mujer, desde la ética del cuidado, en un rol para otros, establecido simbólica y fácticamente en el espacio doméstico, tan propio de la identidad femenina, tan propio del rol social de las mujeres, lo que no sólo restringe las posibilidades de autonomía económica de las mujeres[3], sino que además, limita el acceso al conocimiento de los derechos ciudadanos coartando por tanto, la titularidad de éstos.

El llamado entonces, es por una parte, a exigir respuestas institucionales sobre el problema de la Salud Sexual y Reproductiva, desde la exigencia del respeto a los Derechos Humanos, pues una inadecuada respuesta pública hacia los problemas relacionados con la sexualidad, es sinónimo de la negación al derecho a la salud, a la libertad individual, a la integridad física, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión. Es también la negación del derecho a la sexualidad, a la protección ante el maltrato, al acceso a información y educación, a la confidencialidad y por cierto la negación de los derechos sexuales y reproductivos es también la negación al derecho a la vida y a la calidad de ésta.

Y por otra parte, el llamado es a modificar los patrones culturales que asignan relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres -a nivel simbólico y material- lo que conlleva a la desvalorización de lo femenino y por tanto, a la invisibilización de los discursos y demandas de las mujeres en torno a sus propias problemáticas.

En este mismo sentido, es pertinente advertir que el cambio cultural requerido para posicionar el tema de los derechos sexuales y reproductivos como un problema de carácter público, podrá –quizá- precipitarse con los cuestionamientos de instrumentos internacionales de reconocido prestigio, como lo es la CEDAW[4] y las recomendaciones que su comité realiza respecto al perfeccionamiento del sistema democrático, especialmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el cual se advierte que el Estado de Chile, comete un atropello a los Derechos Humanos de las mujeres, al no dar respuestas a las grandes problemáticas en materia de sexualidad, las que por estar silenciadas, son aún más dramáticas que en las realidades del contexto regional.

Como ciudadanos y ciudadanas entonces, se hace necesario reconocernos en un Estado de Derecho, que respeta la autonomía de las personas, en valores conmutados con el laicicismo, más allá de los conflictos éticos, que a mi parecer, ponen en duda la legitimidad del actual sistema democrático, puesto que el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos, está sobrerepresentado por los discursos hegemónicos instalados en los principales agentes de socialización, que determinan finalmente, las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Estas decisiones morales por tanto, omiten las voces de las mujeres y de los grupos que exigen una respuesta ante el tema, por lo que es posible decir, que el sistema político no respeta los principios liberales que debería sostener, especialmente en lo referido a entender al ser humano como una persona autónoma.

[1] Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos/RSMLAC, 2003.
[2] Ministerio de Salud. Documentos de Trabajo sobre embarazo adolescente.
[3] Al respecto, es preciso recordar que según el Censo 2002, sólo el 35,6 por ciento de la Población Femenina económicamente activa, recibe algún tipo de remuneración y el trabajo doméstico es realizado en un 98 por ciento por mujeres.
[4] Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por el Estado de Chile en 1988.

Referencias Bibliográficas.

Medina Quiroga, Cecilia, (2007) “La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer” Artículo extraído del Anuario de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos. Santiago.

Undurraga Valdés, Verónica. (2007). “Anticoncepción de Emergencia, Autonomía de las Adolescentes y Derechos de sus Padres”. Artículo extraído del Anuario de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos. Santiago.