Sin duda alguna, el rol del Estado es uno de los pilares centrales en cualquier discusión que aborde lo político. Temas como familia, educación, empleo o pobreza son solo algunos de los ámbitos en los cuales, en el último tiempo hemos podido apreciar la preponderancia o no, que se le puede otorgar al Estado y sus diferentes organismos, por las diferentes fuerzas políticas. Por cierto, que uno de los roles fundamentales, y ampliamente debatido del último siglo, ha sido el rol que el estado debe desarrollar en la economía. Pero cuando se señala medio ambiente y desarrollo económico en una misma oración, al perecer guardamos un poco más de distancia, no en el discurso por cierto, sino más bien en la práctica.
Ciertamente hoy el debate de la relación entre Estado y economía, no se circunscribe a que si el Estado debe o no, llevar a cabo por si la actividad productiva y de servicios del país. Las denominadas thatchermania y reaganmania[1] junto a las crisis del Estado de bienestar, en nuestro país sustentado por la escuela del servicio público[2], impusieron otras formas de comprensión del Estado, las cuales derivaron en el mercado como nueva condición de bienestar. Por tanto el problema se situó en cómo el Estado interviene en la nueva condición de bienestar, esto es el mercado. Esta perspectiva ha sido reafirmada e impulsada por los gobiernos de la Concertación a través, por ejemplo, del programa de Reforma del Estado[3], el cual se traduce en este contexto como sinónimo de ‘reducción de intromisión no deseada en los mercados’, esto es, incremento de la eficiencia burocrática, privatizaciones y reducción de las regulaciones[4], y una expansión solo selectiva de la acción pública.
Bajo este nuevo modelo, se desarrolla una importante faceta del Estado, esta es el mantenimiento del orden publico económico y el estimulo a la activad de los privados, puesto que la prestación de bienes y servicios se encuentran publificadas. El Estado por tanto, interviene ante las fallas de mercado, como por ejemplo en, asimetría de información presente en los consumidores o ante los monopolios como Telefónica en la telefonía fija estableciendo tarifas, con el propósito de asimilar un mercado perfecto, por tanto competitivo, generando de esta y otras formas los incentivos o disuasivos necesarios cuando el mercado mismo no los logra otorgar.
La legislación ambiental, en este sentido, para algunos representa un grabe desaliento a la actividad productiva, puesto que encarece los costos de producción de las empresas, pero por suerte la gran mayoría asume que son costos necesarios para la viabilidad de los recursos naturales, así como también para evitar los efectos negativos que se producen en otras áreas productivas como la agroindustria o pesca, y así también que poseemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los últimos desastres en Celco y Ralco indican que la intervención del Estado en la materia no es suficiente, la Sofofa al señalar respecto del primero de estos que, ”Celco está actuando de acuerdo a las reglas del juego” [5], estaba señalando en definitiva que dicha empresa cumplía con toda la normativa que el Estado le requería, ya sea evaluación ambiental, autorizaciones, rangos de operación, etc. Así también, con relación al caso de Ralco, Andrés Concha secretario general de la Sofofa, señalo que, "claramente aquí no estamos frente a un problema de evaluación ambiental, sino que ante un accidente de operación de un proceso productivo"[6], y este es otro antecedente importante para la discusión. Si para las empresas hoy es económicamente eficiente pagar las indemnizaciones correspondientes a la población afectada y las multas que establezca la administración, teniendo en consideración el costo del daño ambiental, la intensidad del mismo y su frecuencia, evidentemente el Estado debiese adoptar otras medidas de intervención, no solo sancionatorias sino también ventajas económicas, tributarias o crediticias que ayuden a compatibilizar el desarrollo económico y con el medio ambiente libre de contaminación.
En conclusión, el Estado no debe abstraerse de intervenir en materia medioambientales por temor a afectar la economía, sino que precisamente debe intervenir en temas medioambientales porque posee un rol en la economía, debe intervenir en ella cuando las condiciones del mercado, como lo podrían significar que los consumidores castigaran los productos de una empresa contaminantes, no funcionan del todo bien, por tanto se producen efectos negativos y así también porque todos los ciudadanos poseemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación .
[1] Cordero, Vega. Derecho Administrativo. Apuntes de Clases 2007. Universidad de Chile.
[2] Principales expositores: Silva Cimma; Aylwin.
[3] Reforma del Estado en Chile 1990 – 2006. Disponible en.
[4] Egaña. Sesión 6.
[5] El Mercurio. Economia y Negocios. 1 Septiembre 2006.
[6] El Mercurio. Economia y Negocios. 20 de junio de 2007.
Ciertamente hoy el debate de la relación entre Estado y economía, no se circunscribe a que si el Estado debe o no, llevar a cabo por si la actividad productiva y de servicios del país. Las denominadas thatchermania y reaganmania[1] junto a las crisis del Estado de bienestar, en nuestro país sustentado por la escuela del servicio público[2], impusieron otras formas de comprensión del Estado, las cuales derivaron en el mercado como nueva condición de bienestar. Por tanto el problema se situó en cómo el Estado interviene en la nueva condición de bienestar, esto es el mercado. Esta perspectiva ha sido reafirmada e impulsada por los gobiernos de la Concertación a través, por ejemplo, del programa de Reforma del Estado[3], el cual se traduce en este contexto como sinónimo de ‘reducción de intromisión no deseada en los mercados’, esto es, incremento de la eficiencia burocrática, privatizaciones y reducción de las regulaciones[4], y una expansión solo selectiva de la acción pública.
Bajo este nuevo modelo, se desarrolla una importante faceta del Estado, esta es el mantenimiento del orden publico económico y el estimulo a la activad de los privados, puesto que la prestación de bienes y servicios se encuentran publificadas. El Estado por tanto, interviene ante las fallas de mercado, como por ejemplo en, asimetría de información presente en los consumidores o ante los monopolios como Telefónica en la telefonía fija estableciendo tarifas, con el propósito de asimilar un mercado perfecto, por tanto competitivo, generando de esta y otras formas los incentivos o disuasivos necesarios cuando el mercado mismo no los logra otorgar.
La legislación ambiental, en este sentido, para algunos representa un grabe desaliento a la actividad productiva, puesto que encarece los costos de producción de las empresas, pero por suerte la gran mayoría asume que son costos necesarios para la viabilidad de los recursos naturales, así como también para evitar los efectos negativos que se producen en otras áreas productivas como la agroindustria o pesca, y así también que poseemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los últimos desastres en Celco y Ralco indican que la intervención del Estado en la materia no es suficiente, la Sofofa al señalar respecto del primero de estos que, ”Celco está actuando de acuerdo a las reglas del juego” [5], estaba señalando en definitiva que dicha empresa cumplía con toda la normativa que el Estado le requería, ya sea evaluación ambiental, autorizaciones, rangos de operación, etc. Así también, con relación al caso de Ralco, Andrés Concha secretario general de la Sofofa, señalo que, "claramente aquí no estamos frente a un problema de evaluación ambiental, sino que ante un accidente de operación de un proceso productivo"[6], y este es otro antecedente importante para la discusión. Si para las empresas hoy es económicamente eficiente pagar las indemnizaciones correspondientes a la población afectada y las multas que establezca la administración, teniendo en consideración el costo del daño ambiental, la intensidad del mismo y su frecuencia, evidentemente el Estado debiese adoptar otras medidas de intervención, no solo sancionatorias sino también ventajas económicas, tributarias o crediticias que ayuden a compatibilizar el desarrollo económico y con el medio ambiente libre de contaminación.
En conclusión, el Estado no debe abstraerse de intervenir en materia medioambientales por temor a afectar la economía, sino que precisamente debe intervenir en temas medioambientales porque posee un rol en la economía, debe intervenir en ella cuando las condiciones del mercado, como lo podrían significar que los consumidores castigaran los productos de una empresa contaminantes, no funcionan del todo bien, por tanto se producen efectos negativos y así también porque todos los ciudadanos poseemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación .
[1] Cordero, Vega. Derecho Administrativo. Apuntes de Clases 2007. Universidad de Chile.
[2] Principales expositores: Silva Cimma; Aylwin.
[3] Reforma del Estado en Chile 1990 – 2006. Disponible en
[4] Egaña. Sesión 6.
[5] El Mercurio. Economia y Negocios. 1 Septiembre 2006.
[6] El Mercurio. Economia y Negocios. 20 de junio de 2007.
