La última encuesta CASEN nos demuestra que las políticas desarrolladas en los últimos 17 años por la Concertación, especialmente las impulsadas por los gobiernos progresistas, han avanzado bastante en la lucha por la superación de la pobreza y la disminución de la aberrante desigualdad en nuestro país. Sin embargo, más allá de éste y otros logros, en el último tiempo hemos podido apreciar varias decisiones que al menos hacen dudar un segundo de su calidad de progresistas, o aun de democráticas. Algunas han sido muy bulladas, otras son más bien simbólicas y silenciosas.
Lamentablemente, dentro de la izquierda gobernante chilena solemos quedarnos sólo con los logros, y en la premura de enfrentar la contingencia política diaria no discutimos mucho las falencias de nuestra acción. Como un humilde intento de contribuir a ese debate que falta, a continuación se expondrán tres ejemplos de decisiones tomadas o impulsadas por nuestro sector, a modo de llamado a detenerse para revisar nuestro rumbo y no terminar mañana siendo juzgados por la historia por no haber contribuido lo suficiente a la construcción de una verdadera democracia.
Transantiago y “despotismo tecnocrático”
Más allá de la valoración que pueda hacerse de las intenciones de los medios de comunicación al hacer del Transantiago un escándalo, lo cierto es que los graves errores cometidos en la implementación de esta reforma repercuten día a día en la vida de los santiaguinos. De los tres casos que aquí se abordan, sin duda es el más cotidiano, el más palpable por todos, y en cierto modo el más objetivo: no se requiere ser socialista, progresista ni siquiera un demócrata para encontrar errores y fallas que saltan a la vista. Basta ser una persona ‘de a pie’, una mujer u hombre común y corriente.
Precisamente es a las personas comunes, a las más pobres y a las que menos oportunidades tienen, a quienes más afectan los problemas de la locomoción colectiva generados por Transantiago. Cuando se supone que nuestra tradición y vocación se arraiga y justifica en trabajar más que nadie para ellas y ellos, son ellas y ellos los más afectados por nuestras propias decisiones.
Al parecer, en parte la Concertación se ha convertido en un moderno despotismo, en que el principio rector es, como en el siglo XVIII, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Quisimos cambiar el transporte público de Santiago, porque el pueblo lo necesitaba; pero nunca le preguntamos qué necesitaba ese pueblo, qué estaba mal en el proyecto, qué debía o no tener Transantiago. La principal diferencia entre los absolutistas y los concertacionistas, lamentablemente, parecer ser sólo que en lugar de nobles ilustrados tenemos tecnócratas doctorados en el extranjero.
Peor aun, algunas opiniones buscaron desde un inicio defender desesperadamente lo indefendible —a veces simplemente torpes, como que la reforma del transporte era un beneficio a la salud porque nos incentivaba a caminar—; luego de no escuchar al elaborar el proyecto, pecábamos de soberbios y sólo respondíamos las críticas, no recogiéndolas, no reconociendo nuestro error —al menos públicamente—, sino que sosteniendo que lo que el buen padre gobierno había decidido no podía estar errado. Como en el medioevo, the king can do no wrong.
¿Se condice con nuestra convicción en la democracia el tomar medidas sin preguntar a la gente, como si fuéramos ungidos por una voluntad que no es sino la del pueblo? Finalmente, parece que al huir los que pudieron del metro y los buses, en lugar de beneficiar a los usuarios del sistema público, sólo favorecimos el mercado de vehículos motorizados, a costa de los pulmones, nuevamente, de los más pobres…
Ojo por ojo: la ley de responsabilidad penal adolescente y el Talión del Bicentenario
Más difícil de percibir es lo que está detrás de lo dicho por algunos parlamentarios y medios de comunicación en el debate sobre la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. En rigor, no es más que el discurso adoptado por la derecha chilena frente al tema de la criminalidad, y siendo más justos aún, el reproducido por las derechas de todo occidente.
No resulta sorprendente que parlamentarios de la Alianza sean paladines de la “defensa de la ciudadanía” frente a los “enemigos” de la sociedad civilizada que son los delincuentes. Lo que sí debe sorprendernos es que en medio de esta discusión congresistas concertacionistas se unan a la derecha para plantear soluciones que, nuevamente, hacen dudar sobre su calidad de progresistas. Frente a la indicación presentada por el presidente de la UDI, Hernán Larraín —que en la práctica obliga a que todos los jóvenes condenados por delitos graves cumplan la integridad de sus condenas en cárceles, o siúticamente, en “régimen cerrado”, sin consideración a los factores que llavaron a ese menor a delinquir—, la bancada radical de diputados decidió apoyar a la Alianza. Sorprendente, y vergonzoso .
Lo planteado por la derecha en este caso no es nada nuevo: corresponde a una doctrina jurídica conocida como “Derecho Penal del enemigo”, que en política tiene como natural correlación la doctrina de la “tolerancia cero”. En gruesos términos, el criminal no es un ciudadano, es un enemigo de la polis: por ello, debe ser anulado, no teniendo desde el momento de convertirse en “extranjero” todas las garantías procesales, derechos constitucionales u oportunidad de reinserción.
No parece esto ser muy acorde con el progresismo. En verdad, no parece razonable que los mismos defensores históricos de la responsabilidad social por los accidentes del trabajador, por ejemplo, hagan oídos sordos a la responsabilidad social por el círculo vicioso de la delincuencia. Mientras en Europa el mundo progresista hace mucho defiende los programas de prevención de los factores productores de la delincuencia e investiga métodos eficientes y humanos de reinserción de los delincuentes, en Chile, por negocios políticos mezquinos, se decide optar por la vía fácil, inútil y autoritaria.
Hay que notar que esta lógica en que suelen solucionarse las cosas con la expansión del Derecho Penal, es decir, con el sector sancionador más gravoso para la dignidad humana que contempla el Derecho, está presente en otras iniciativas: así, la criminalización del movimiento reivindicatorio mapuche, del movimiento estudiantil (con un uso tan desproporcionado de la fuerza pública que llegó a escandalizar a nuestros conservadores medios) o el recurso exagerado a sanciones penales en nuevos proyectos de ley.
Este es el lugar de la ciudadanía, pero sin la ciudadanía
El último hecho a tratar es sin duda el más simbólico. No trae, en verdad, muchas consecuencias prácticas, pero es una señal que se da al país de una visión de la relación entre el poder y los ciudadanos.
Dentro de los proyectos de obras públicas desarrollados con miras a nuestro próximo bicentenario se encuentra la “Plaza de la Ciudadanía”, frente al Palacio de La Moneda. Es un proyecto aun inconcluso, muy ambicioso, que pretende llegar a ser el más grande lugar abierto de reunión del centro de Santiago, justo al lado de la sede del Presidente de la República. Se enmarca dentro de un proceso de señales simbólicas de consolidación de la democracia: así, la apertura de La Moneda al público, para empoderar a la ciudadanía del principal edificio del Estado; y la reapertura de la puerta de Morandé 80, en el 30º aniversario del golpe de Estado de 1973.
Sin embargo, la Plaza de la Ciudadanía es inaccesible al público. Es un lindo espacio de césped, concreto y pilas de agua, que por un lado es celosamente vigilado por numerosos carabineros y, por el otro, es inaccesible por una continua y cuidada línea de vallas papales, pegada a la vereda.
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Estas son sólo tres ejemplos. No debemos desconocer los logros de la Concertación, pero sí debemos reflexionar sobre nuestras propias carencias a la hora de crear un país más inclusivo, pero realmente inclusivo, en que las decisiones sean tomadas por la ciudadanía entera, y no sólo por los iluminados del gobierno de turno.
Imagen: bajo licencia Creative Commons, desde metronick.blogspirit.com
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